La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza, más conocido como Ley de Restauración de la Naturaleza, fue presentada por la Comisión Europea el 22 de junio de 2022 y tiene como finalidad “reparar el 80 % de los hábitats europeos en mal estado y devolver la naturaleza a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos».
La Ley establece un marco regulatorio común y cuantificable y los Estados miembros deben poner en marcha un Plan Nacional de Recuperación de la Naturaleza que determine las medidas de restauración necesarias para cumplir los objetivos previstos, distinguiéndose entre ecosistemas marinos, urbanos, fluviales, poblaciones de polinizadores, agrícolas y forestales.
En cuanto a los ecosistemas agrícolas, el proyecto de Reglamento de la Naturaleza, establece que los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad,
Establece también que, dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de deshumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares, según explica la nota informativa del Parlamento Europeo.
FEPEX comparte el objetivo global de restaurar los habitas en mal estado, recogido en la propuesta de Reglamento, pero debe tenerse en cuenta el impacto de las medidas que se adopten en los ecosistemas agrícolas, debiéndose contemplar también la necesidad de mantener una producción competitiva que garantice también la seguridad alimentaria.
