Por mucho que hablemos de la subida de los costes de producción que enfrentamos desde hace meses y de la necesidad de trasladarla, al menos en parte, al consumidor final, lo cierto es que, nos guste o no, el mercado está regulado, única y exclusivamente, por la ley de la oferta y la demanda; y en el caso del sector hortofrutícola, hasta que no falta producto no hay precio. O si lo prefieren de otro modo, solo la demanda y una menor oferta son capaces de subir los precios.
Esto no significa que no se pueda aumentar el precio al consumidor; claro que sí, sobre todo teniendo en cuenta que, en comparación con otros productos del lineal, no hay nada más barato que las frutas y hortalizas.
Tanto es así que entiendo perfectamente que quienes trabajan con precios cerrados para toda la campaña estén intentando renegociar sus contratos para vender por encima de costes. El escenario es diferente para quienes negocian a diario o semanalmente; en su caso, ajustarán los precios a la situación de mercado del momento.
Quienes trabajan con precios cerrados para toda la campaña están tratando de renegociar sus contratos
Y en este contexto, a las empresas del sector no nos queda otra opción que tratar de reducir costes y ser más eficientes, pero para ello, necesitamos que la Administración nos allane el camino en algunos aspectos, por ejemplo, en la concesión de autorizaciones para la instalación de plantas solares para autoconsumo. Y es que, por ejemplo, ¿por qué una empresa con centros de manipulado en tres provincias no puede construir solo una planta solar que dé suministro a sus tres centros? La Administración debe repensar cuestiones como esta y dar una respuesta clara al sector.
