Tras la aprobación el pasado lunes por parte de los Veintisiete de la licencia para el uso del glifosato en la Unión Europea (UE) durante los próximos cinco años –hasta 2022-, las reacciones a favor y en contra no han hecho más que sucederse, generando una polémica que, a buen seguro, se prolongará durante las próximas semanas.
Entre quienes aplauden la citada aprobación, se encuentran los integrantes de la Asociación por una Agricultura Sostenible (ALAS), que agrupa a buena parte del sector agrario español, incluidas las organizaciones agrarias ASAJA y UPA. En su caso, consideran que esta medida beneficia a toda la sociedad, ya que, de prohibirse el glifosato, peligra el sistema europeo de producción de alimentos.
En este sentido, desde ASAJA Aragón, su portavoz, José Fernando Luna, explica que “el glifosato permite que el agricultor pueda realizar técnicas más innovadoras de cultivo, lo que le lleva a ser más eficiente”. Estas técnicas de agricultura de conservación son vitales, por ejemplo, en los secanos áridos aragoneses, donde es fundamental no desecar la tierra con laboreo, ya que la lluvia es escasa, sobre todo este año.
Sin embargo, no todos comparten esta opinión. En el caso de COAG, su responsable de Frutas y Hortalizas a nivel nacional, Andrés Góngora, se muestra tajante: “pueden ser más los perjuicios del uso del glifosato que los beneficios”. Según nos comenta, hay una importante corriente europea en países como Francia o Alemania contraria a la utilización de este herbicida y “estos son nuestros mercados”. En esta línea, afirma que la renovación de la licencia del glifosato es “una torpeza”, ya que podría propiciar el rechazo de los productos españoles entre los clientes y consumidores comunitarios. De momento, Francia ya ha anunciado su intención de prohibirlo.
En el caso concreto de las hortalizas, este herbicida no puede ser utilizado, aunque, según Góngora, no por ello están exentas de verse ‘contaminadas’. El glifosato es un producto muy residual, que permanece en el suelo y que, en el caso de desplazamientos de agua, puede extenderse.
La industria
Por su parte, desde la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), su director general, Carlos Palomar, cree “injustificado” que la UE haya decidido renovar este producto por cinco años, cuando la normativa permite un plazo máximo de 15. En este sentido, se refiere a los datos de la EFSA (European Food Safety Authority) que afirman que más de 1.500 estudios demuestran que el glifosato no es cancerígeno, respondiendo así a una de las principales preocupaciones de los consumidores.
La polémica está servida.
