Las empresas del sector hortofrutícola están cada vez más limitadas a la hora de poder controlar las plagas y enfermedades que asolan los cultivos. El uso de las materias activas y los pases autorizados se han limitado y esto se traduce en mayores daños en las plantas.
Las soluciones que hay no son suficientes. Si una materia activa se usa de forma repetida, las plagas pueden desarrollar resistencias que provoquen que los elementos autorizados por la Administración pierdan eficacia y la lucha sirva para poco. Pulgones, orugas, mosca blanca o empoasca, en el caso del apio, provocan problemas que antes no había a la hora de controlarlas. Lechugas, brásicas y melones están sufriendo la consecuencia de la proliferación de las enfermedades.
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Faltan materias activas eficaces en el mercado. Las pocas que el agricultor tiene disponibles están sufriendo el desarrollo de resistencias por parte de las plagas. Ante esta escasez, las cadenas de supermercados no deberían limitar los LMR más allá de lo legalmente autorizado. Se debe ampliar el registro de productos que ya se están usando en ciertos cultivos y se pueden emplear en otros sin perjudicar, en ningún caso, la seguridad alimentaria.
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Se debe ser claro a la hora de realizar estas peticiones, porque el uso de más o menos materias activas se va a traducir en rentabilidad para un país con un sector primario potente.
El equipo de Gregal ha calculado que, en los últimos 10 años, la eliminación paulatina de materias activas para la lucha contra las plagas sin alternativas eficaces ha supuesto una merma de las producciones no inferior al 20% en términos globales, aunque es conveniente profundizar en cada cultivo para tener un mapa más preciso.
Si la planta da menor rendimiento, la productividad baja. Si lo que se cosecha es de menor calidad, se vende peor en el mercado o, en la mayoría de los casos, no se vende. Si hay menos alimento en oferta o se compra a un precio más bajo, la economía del sector sufre.
Tener autorización de alternativas nuevas de forma más rápida es vital para que elproductor pueda seguir trabajando sin verse afectado por las plagas ni perder la rentabilidad de su labor. Debemos disponer ágilmente de esas autorizaciones excepcionales ante excepcionalidades climáticas o de plagas puntuales. No es una petición baladí, en medio está el riesgo de que haya que tirar las cosechas al completo o buena parte de ellas y dejar los mercados desabastecidos.
En Gregal hay contundencia a la hora de realizar estas peticiones a quienes pueden tomar decisiones en este campo. Una posible solución sería que las comunidades autónomas pudieran contar con más competencias en la materia; de ser así, podrían autorizar tratamientos de forma más rápida y de manera temporal en función de lo que sea más necesario para cada cultivo en cada zona o comarca, evitando así la pérdida de producción y siempre salvaguardando la seguridad alimentaria como premisa fundamental.
Es clave que se entiendan las particularidades de cada zona para pedir el cambio de competencias en pro de las autoridades más cercanas al foco del problema. Los territorios son heterogéneos y quienes mejor los conocen son los profesionales independientes y los técnicos de las Administraciones locales y autonómicas que trabajan in situ a pie de campo.
