Desde la Unió argumentan que se trata de una variedad de la que se desconoce la superficie realmente plantada y la producción existente en territorio español y por eso rechazan que sus explotadores y obtenedores reclamen a los citricultores que quieran «legalizarla» una cifra «jamás conocida en la citricultura española de 66 ? por árbol plantado (IVA incluido) y 0,03 euros por kilo comercializado».
La regularización, según los cálculos de la entidad, podría suponer unos ingresos para los explotadores de, al menos, 31 millones de euros y unos ingresos mensuales de entre 300.000 a 750.000 euros.
Para al entidad se trata de un precio exagerado que responde a una estrategia planificada, ya que la variedad fue traída desde Israel con licencias para dos operadores, y después fue supuestamente difundida a los agricultores «a cambio de comercializarla a buenos precios y a quienes ahora, una vez protegida, se les exige un pago hasta hoy desconocido para legalizarla».
Desde La Unió aseguran que este proceder es común, ya que muchas veces antes de ser registradas nuevas variedades y durante el periodo provisional de protección se regalan varetas de esas variedades a citricultores particulares para así obtener «un volumen de producción específico y reconocible»
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Según La Unió, una vez consagrada la variedad en los mercados, obtenida la protección y alcanzado un pacto con su legítimo obtenedor, se pasa a reclamar «una lucrativa regularización de una producción que pasa a ser ilegal pero que ellos mismos contribuyeron a hacer crecer».
Por ello solicitan al Ministerio de Agricultura que no «permanezca ajeno a este asunto» y se plantee sanciones para todas aquellas entidades que supuestamente hayan podido cometer un delito de estafa al promover el proceso de legalización de una variedad que «está recurrido, presenta serias irregularidades y, en muchos casos, ni siquiera coincide con la que los agricultores plantaron legalmente hace unos años».
En este sentido, La Unió ha informado al Ministerio de Agricultura de que no existe confirmación de que la mandarina definitivamente plantada en muchos campos sea la variedad protegida Orri o que, por el contrario, se trate de la que mandarina de la que procede, la Orah o la Or, que son libres y por las que no se podría reclamar royalty alguno.
Ante esta situación La Unió ha argumentado al Ministerio en su escrito que un agricultor «puede haber llegado a pagar 66 euros por planta de un cítrico que, sin saberlo, puede que no sea efectivamente Orri».
