El sector agrícola y ganadero supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía y genera el 10% del empleo en esta Comunidad Autónoma. Con estas cifras, nadie cuestiona su peso específico, de ahí que una Ley de Agricultura y Ganadería como la aprobada el pasado 24 de abril por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sea imprescindible para marcar las directrices de su futuro.
El texto, que será enviado ahora al Parlamento para su aprobación definitiva, incluye medidas pioneras en España como el reforzamiento del papel de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, mecanismos para conseguir precios más justos y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial, reconociendo a ambos colectivos como grupos preferentes en la concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.
La futura Ley es, de momento, toda una declaración de intenciones que, de no contar con un buen desarrollo normativo una vez aprobada, puede quedarse, precisamente, en eso, perdiéndose, de este modo, “una gran oportunidad para impulsar una verdadera ley que mejore las condiciones de los productores”, como afirman desde las organizaciones agrarias COAG y ASAJA.
Y es que el texto recién aprobado, si adolece de algo, es de genérico. En este sentido, y por poner solo un ejemplo, las citadas organizaciones agrarias valoran el avance que supone en materia de igualdad de género, pero echan en falta medidas concretas para ello. Lo mismo ocurre con el relevo generacional, fundamental para garantizar el futuro del sector, pero para el que tampoco se especifican medidas.
A todo ello, desde COAG, aunque creen muy positivo que exista una ley en un sector tan estratégico para Andalucía, añaden la importancia de hablar, también, de alimentación, muy ligada al agro. En este sentido, Andrés Góngora, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, se refiere a la necesidad de legislar en materia de etiquetado, “pero no solo para los productos con origen andaluz, sino también para las importaciones”.
Por su parte, desde UPA, su secretaria general en Almería, Francisca Iglesias, valora el avance que supone la futura Ley, regulando algunas prácticas como la venta a pérdidas.
¿Demasiada burocracia?
Asaja-Andalucía es, si cabe, la organización más crítica con esta Ley de Agricultura, que no responde, a su juicio, a ninguna demanda social actual. Aun así, y a la vista de su próxima llegada al Parlamento, afirman que existen algunos aspectos que “pulir” para “favorecer la competitividad” y, en esta línea, temen que la futura norma venga a aumentar la burocracia en un sector que necesita justo lo contrario.
En esta misma línea se manifiestan desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, si bien valoran el hecho de que la Ley las reconozca como interlocutores del sector junto a las organizaciones agrarias.
Así las cosas, unos y otros confían en que el texto se enriquezca durante el debate parlamentario, arrojando luz sobre cuestiones que, de momento, solo son buenas intenciones.
