Pocas veces el sector hortofrutícola coincide en sus opiniones, pero la estrategia ‘De la granja a la mesa’ presentada la semana pasada por el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, y que se incluye dentro del Pacto Verde Europeo, ha logrado que lo haga.
Desde los productores a la industria, pasando por las Administraciones, aplauden los objetivos planteados por la UE: conseguir una alimentación saludable y sostenible. Pero mientras la UE habla de sostenibilidad medioambiental, desde el sector van más allá y apuntan a la importancia de lograr también una sostenibilidad social y económica.
Por todo ello, lamentan, por un lado, la falta de presupuesto –el texto no dedica ni una línea a este aspecto, solo señala a la PAC como herramienta clave para apoyar a agricultores y ganaderos- y, por otro, un calendario prácticamente inasumible para unos objetivos muy ambiciosos: la reducción en un 50% del uso de pesticidas, de hasta un 20% de fertilizantes y lograr que un 25% de las tierras agrícolas europeas pasen a cultivos ecológicos en 2030.
Este último es, si cabe, el objetivo que menos preocupa al sector español. Con 2,2 millones de hectáreas, España lidera la producción ecológica en Europa, y sigue creciendo: casi un 8% en 2019, según el último informe de Ecovalia.
Tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, como la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, han pedido “tiempo y presupuesto” a la UE para la transición hacia una nueva política alimentaria que, para Crespo, supone una “competencia desleal” con respecto a países terceros.
En este sentido, y en lo que respecta a la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes, desde el sector lo tienen claro: no se puede prohibir sin dar alternativas. La primera en afirmarlo fue la eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Agricultura, Clara Aguilera, en declaraciones a la revista MERCADOS: “El problema no es que se limite aún más el uso de estos productos, sino que no hay alternativas”. Aun así, apeló a la prudencia: “Esto no es una ley, es un documento estratégico que podremos reformar y sobre el que podremos hacer nuevas aportaciones”.
Desde la propia UE, y visto el revuelo causado por su estrategia, se defienden y, de hecho, este lunes, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha insistido en que esta estrategia va a favor de los agricultores “y no en contra”. Sin embargo, ha reconocido que, si este plan sale adelante, estos tendrán que hacer esfuerzos, “especialmente aquellos de producciones intensivas”.
La industria
Desde la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que agrupa a la mayor parte de los fabricantes de productos fitosanitarios en nuestro país, afirman que es un error que la nueva estrategia se enfoque en los insumos “que garantizan la eficiencia de la producción agrícola” y cree “descabellados e incoherentes” objetivos como la reducción de químicos a la vez que un aumento de la agricultura ecológica y la biodiversidad. “La mitad del uso de químicos en la agricultura española es de fungicidas ‘orgánicos’ y una menor protección supondría una mayor ocupación de tierras para la misma producción”, afirman.
Para AEPLA, en nuestro país, “es fundamental un conjunto amplio de herramientas de sanidad vegetal, dado que nos enfrentamos a nuevas plagas y vemos la carencia de soluciones actuales en muchos cultivos”.
Los productores
Desde el sector productor son, si cabe, más duros aún y, de hecho, insisten en que, en el caso del uso de fitosanitarios, no se puede prohibir sin dar alternativas. En este sentido, desde UPA comentan que “esos productos se usan porque son necesarios y siempre que su uso sea seguro y esté autorizado por las autoridades europeas y nacionales”.
Asimismo, y al igual que hace COAG, critican que estas reducciones tan drásticas se apliquen en la UE cuando, luego, “se da entrada a productos de fuera con requisitos mucho menos restrictivos”. Precisamente por ello, desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, insiste en la importancia de “exigir los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria, y sanidad vegetal a las importaciones agrarias de países terceros”.
Por último, desde ASAJA, afirman que la estrategia ‘De la granja a la mesa’ supone “una grave amenaza y una honda preocupación para todo el campo andaluz” y, precisamente por ello, instan a la Administración autonómica a que se “oponga frontalmente” a esta estrategia.
La Junta de Andalucía ha recogido rápido el guante y, de hecho, según ha afirmado la consejera Carmen Crespo, la Comunidad “va a liderar un frente común para amortiguar los efectos de una estrategia que condena a los agricultores competitivos y que quieren exportar”.
