La Mesa del Agua de Almería lamenta profundamente la decisión del Consejo de Estado que ha avalado, este jueves, los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de recortar el trasvase Tajo-Segura. Fernando Rubio ha recordado que “lo que ha hecho el Consejo de Estado hoy -por el jueves- es aprobar y avalar la pérdida de 15.000 empleos y unas pérdidas económicas de casi 5.700 millones de euros en nuestra provincia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana”.
Aunque los dictámenes del Consejo de Estado no son vinculantes, sí son preceptivos antes de la decisión final “de cometer este ataque frontal a los regantes del Levante” que deberá aprobar el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Y es que, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, se pasará a 7 m3 por segundo de caudal ecológico, hasta llegar a los 8,65 m3 por segundo.
Rubio ha detallado que “todos los informes técnicos independientes avalan el caudal actual. Esta decisión va a suponer un recorte del 50 por ciento de los caudales que se venían recibiendo desde hace más de cuarenta años en Almería. Va a ser un agua que va a ir al mar, sin que se beneficien ni los regantes de la cuenca del Tajo, ni los abastecimientos ni el hábitat del río”. “Esto supondrá en la práctica una reducción del agua que llega a Almería, Alicante y Murcia de 100 hectómetros cúbicos al año. Un disparate que venimos denunciando desde hace meses”, ha recordado. De esta manera, el Gobierno de España “pone contra las cuerdas a los regantes y al sector agrario haciendo buena una decisión política que carece de justificación técnica y que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados”.
Pérdidas cuantificadas
Tal y como ha denunciado la Mesa del Agua de Almería en anteriores ocasiones, con esta decisión, la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento. Asimismo, esta reducción de los volúmenes disponibles supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
Por otro lado, a estas consecuencias sería preciso sumar la eliminación de los sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. Otra de las consecuencias directas de esta disminución de las aportaciones del Trasvase se traduce en un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, ya que se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor (desde el año 2003 hasta ahora la tarifa se ha triplicado, por la incorporación de aguas desalinizadas).
Por otro lado, el propio Ministerio tiene previstas numerosas medidas de mejora de los sistemas de depuración de los caudales que vierten al río, así como de modernización de los regadíos de la cuenca del Tajo. Cuestiones que evidencian que no es la falta de caudal del río la causa de que no alcance el buen estado ecológico, y que nos llevan a considerar que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España.
En estos momentos no existe ninguna alternativa a la disminución del volumen de agua disponible. E igualmente, han recordado que el precio del agua desalada en la actualidad supone costes superiores a 1,40 €/m3 para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares.
