Según estimaciones del sector, la crisis del coronavirus ha encarecido entre un 25 y un 30% la producción agraria. Entre las causas, la bajada de la productividad horaria, el incremento de los costes de transporte y las inversiones en seguridad laboral, entre otras.
Las horas improductivas tienen mucho que ver en el aumento de los costes de producción. Si bien antes los agricultores llegaban y se ponían a trabajar directamente, ahora tienen que dedicarle un tiempo de la jornada laboral a asegurar las medidas de protección tales como la desinfección y el uso de vestimentas protectoras así como guantes y mascarillas. Además, las medidas de seguridad exigen una mayor distancia entre los trabajadores, que disminuye de por sí las plantillas en campos y almacenes, que incide directamente en los niveles de producción diario.
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A parte de este cambio de paradigma que ha provocado el coronavirus, el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, también atribuye este sobrecoste de las empresas agrícolas al manipulado y transporte. La distancia que los trabajadores tienen que mantener durante la recolección también influye en el almacenaje, pues hace que se reduzca a la mitad el volumen del producto que sale de las naves en una jornada de trabajo. «Si un almacén de manipulado tenía capacidad para sacar 70.000 kilos a la hora con 350 o 400 trabajadores, ahora estamos hablando de la mitad de producto y la mitad de personas», explica el presidente. También se declaran pérdidas a la hora del transporte, pues los camiones regresan vacíos de su tránsito por Europa, lo que hace perder entre 1.500 y 2.000 euros por unidad.
En Murcia se acaba de arrancar la campaña de fruta de hueso y se han generado 40.538 nuevas contrataciones en marzo, casi la mitad de las altas contabilizadas ese mes por el Ministerio de Trabajo. Aún así, idean soluciones para mitigar lo máximo posible la caída de la rentabilidad de las producciones. Uno de los objetivos es flexibilizar el límite de horas anuales que puede computar un trabajador, tal y como se ha pedido al Gobierno, y tratar de que grandes superficies y supermercados asuman el sobrecoste generado por la Covid-19 y que no repercuta en el consumidor el encarecimiento.
