El acto de protesta ha consistido en una marcha de personas y vehículos (tanto turismos y furgonetas como tractores y maquinaria de uso agrícola) que ha discurrido desde las poblaciones de Favara (Ribera Baixa) hasta Tavernes de la Valldigna (La Safor). En la primera localidad se ha realizado un esmorzar popular y antes de iniciar el recorrido se ha producido la quema de naranjas y caquis, de un muñeco con la imagen del director de ENESA, José Miguel Pérez, que pretende “cargarse” el actual seguro de cítricos y también de banderas de países terceros que ejercen competencia desleal a nuestras producciones, nos introducen plagas y no cumplen con los estándares europeos de producción. Tras circular por la N-332 hasta Tavernes de la Valldigna, en un recorrido de unos 9 kilómetros, en la plaça de l’Ajuntament de esta localidad se han llevado a cabo los parlamentos y se han esparcido de nuevo caquis y naranjas.
En las zonas por donde ha discurrido la protesta fue donde comenzó el mal inicio de la campaña de la naranja Navelina, que posteriormente se ha extendido al resto de áreas citrícolas, la cual registra en la actualidad cotizaciones ruinosas de hasta 0,15 euros por kilo que están muy lejos de cubrir los gastos, debido a la entrada masiva de importaciones foráneas y a los abusos comerciales de determinadas cadenas de distribución. Estas zonas también concentran la mayor producción de caqui en Europa, un cultivo cuya rentabilidad está contra las cuerdas a causa de la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades. Asimismo, la reivindicación remarca los daños en expansión que está ocasionando el Cotonet de Sudáfrica –200 millones de pérdidas en la presente campaña citrícola– en las clementinas, principalmente en el sur de Castellón y norte de Valencia. A pesar de estas reivindicaciones, en la protesta han participado personas afectadas directa o indirectamente por la grave crisis de rentabilidad que soportan la gran mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas. Por ello las organizaciones convocantes demandan la puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.
Las entidades representativas del campo valenciano alertan de una subida sin precedentes de los costes de producción en la agricultura y la ganadería y piden medidas extraordinarias al respecto. La energía eléctrica –necesaria fundamentalmente para extraer el agua de riego– se ha encarecido un 270% y muchas entidades de riego se ven abocadas a renovar sus contratos con las comercializadoras mediante incrementos inasumibles. El gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73%, así como los abonos (+48%), el agua (+33%), los plásticos de invernadero (+46%) o las semillas (+20%). En el apartado de la ganadería, el encarecimiento del 20% de los piensos para alimentación animal lastra la competitividad de las explotaciones.
Mientras los alimentos empiezan a experimentar un encarecimiento para los consumidores, al principio de la cadena alimentaria los productores no tienen la capacidad de repercutir la histórica escalada de costes en los precios que perciben. Por ello, además de apoyos coyunturales, el sector agrario exige el cumplimiento estricto y riguroso de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada ayer para que sirva verdaderamente para evitar prácticas comerciales abusivas y garantice precios justos para los productores.
Asimismo, las organizaciones agrarias reivindican una Política Agrícola Común (PAC) más mediterránea y activar medidas de gestión de crisis, cuando la situación lo requiera, caso del Fondo de Crisis previsto por la PAC y/o fondos nacionales. También una profunda revisión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, empezando por la actual revisión del tratado con Sudáfrica, a fin de establecer reciprocidad en las condiciones de producción, mayores controles fitosanitarios y la declaración de ‘producto sensible’ a aquellos cultivos cuya rentabilidad se vea perjudicada.
En cuanto a los seguros agrarios reclaman un nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos, y no a los beneficios de las aseguradoras, así como la implantación de un seguro de costes/ingresos agrarios.
Otras de las peticiones de las organizaciones agrarias pasan por una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario, la revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario, una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje y un análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas, junto al mantenimiento de los caudales para regadío del trasvase Tajo-Segura.
Las organizaciones convocantes no descartan nuevos actos de protesta durante las próximas semanas, así como la participación en una gran manifestación en Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanos en defensa de un medio rural sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.
