La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han firmado el pasado viernes un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas.
Para el secretario de organización de ASAJA, Juan José Álvarez, la reducción de la jornada supone una «subida encubierta» del salario e implicará «tener que contratar a más gente» y, por ende, un «incremento de los costes».
El portavoz de COAG, Andrés Góngora, ha advertido que el sector agrario se ve «muy condicionado» por el clima, algo que, a su juicio, se debería tener en cuenta a la hora de legislar sobre las jornadas laborales para adaptarse a las necesidades del campo.
«Pedimos flexibilidad», ha demandado Góngora al hablar sobre las dificultades que puede tener el campo y en concreto sectores como el hortofrutícola a la hora de aplicar la medida, además de pedir que se tenga en cuenta la propia temporalidad que caracteriza al sector.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha celebrado la medida ya que «los trabajadores están en su derecho de reivindicar mejores condiciones», a la vez que ha pedido que se mejoren las condiciones en los productores para que se les permita «pagar sin problemas».
A juicio de Ramos, el sector agrario encara otros problemas en los que se deben enfocar como el aumento de los costes de producción.
Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, se ha mostrado en contra de la medida pues afectará en la pérdida de competitividad, un problema que, a su juicio, ya arrastra el campo y que puede incidir con especial fuerza en sectores como el del olivar tradicional.
La reducción de la jornada laboral supondrá un «aumento de los costes laborales», ha asegurado Cortés durante su intervención tras la reunión de seguimiento de las 43 medidas para el campo mantenida con UPA y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)-
El pacto, del que se desmarcó la CEOE, comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar.
La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, siempre que tenga en cuenta una duración máxima de la jornada ordinaria de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.
