La producción de naranjas en la provincia de Sevilla se reducirá en un 25 % con respecto a la de la pasada campaña según la percepción de los responsables de los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla en el arranque de la campaña citrícola 2014/2015.
Este descenso se estima tras los daños en floración de los naranjos por las altas temperaturas de los meses de abril y mayo, que afectan especialmente a las variedades más tardías, según ha informado la organización en una nota de prensa.
PUBLICIDAD
De esta forma, Asaja-Sevilla prevé un 20% menos de producción para la variedad navelina, en torno al 15 % menos para la salustiana, entre un 30 y 35 % de pérdidas para la navel powell y entre un 40 y 50 % para la valencia late y variedades de recolección tardías.
A pesar de los datos, Sevilla sigue siendo la primera provincia productora de Andalucía, con el 34,37 % de la cosecha total de cítricos y con unas 24.000 hectáreas de naranjos, seguida de Huelva.
Este ha sido uno de los datos que se han ofrecido hoy en la XIV Jornada de Frutas y Hortalizas que Asaja-Sevilla ha celebrado en la cooperativa San Sebastián de Lora del Río, en la que también se ha abordado la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la entrada en vigor de la PAC reformada, las nuevas líneas de investigación del IFAPA en citricultura y fruticultura, entre otros asuntos.
La jornada, patrocinada por la Caja Rural del Sur con la colaboración de ASEGASA, Bayer Cropscience y Pellenc, ha sido inaugurada por el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, José Miguel Herrero; el presidente de la Cooperativa San Sebastián, Alejandro Oliver, y el secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín.
En su intervención, Eduardo Martín, ha destacado la buena calidad de los cítricos andaluces y ha recordado que Andalucía, con una superficie de más de 84.500 hectáreas, aporta el 27,30 % de la superficie nacional y el 31 % del total de la producción española.
La mayor protección comercial para el agricultor que supone la obligación, contemplada en la Ley de la Cadena Alimentaria, de establecer un contrato con el industrial en aquellas operaciones superiores a 2.500 euros, constituye otro aspecto destacable de la campaña.
La nueva Ley establece que en los contratos alimentarios quede reflejado un precio fijo o bien un precio que se pueda determinar con un indicador concreto, objetivo y verificable, expresamente establecido en el contrato.
