El sector de frutas y hortalizas frescas en 2025 reflejó un crecimiento interanual de la exportación hasta el mes de octubre del 5%, totalizando 15.052 millones de euros, según datos oficiales, previéndose que en el año completo se superen los 18.000 millones de euros. Evolución positiva, pero cada vez más condicionada por retos de gran envergadura como la globalización asimétrica del mercado comunitario y la falta de reciprocidad en el ámbito de la política comercial. Serán decisivos también en nuestro futuro la escasez de recursos hídricos y de fitosanitarios en el ámbito productivo, o la reforma de la Política Agraria Comunitaria, que este año comenzará a concretarse.
En este marco, ganan importancia las medidas de la Comisión Europea en el ámbito de la política y sus acuerdos comerciales. Para el sector agrupado en FEPEX, fuertemente exportador y con una gran dependencia del mercado comunitario, al que destinan más del 85% de las exportaciones, las condiciones de competencia en dicho mercado son trascendentales. Estas condiciones que han permitido crecer a nuestro sector de manera sostenida durante los 40 años de membresía de España en la UE, están pasando por un proceso de liberalización nuevo, impulsado por los acuerdos comerciales con países terceros, y que está generando una globalización asimétrica, con una UE cada vez más abierta a las producciones de terceros países, y con una Comisión Europea insuficientemente proactiva en la creación de mecanismos de compensación de las desigualdades de las condiciones de producción. Valoramos que las autoridades comunitarias tienen que, por un lado, proteger la producción comunitaria y, por otro, contribuir más a la apertura de nuevos mercados no comunitarios donde sí se enfrentan barreras comerciales y proteccionismo.
Se puede observar cómo se agudiza la desventaja competitiva que sufren los productores comunitarios respecto a los de terceros países. Existe una gran disparidad entre lo que se exige a la producción en la UE, no sólo en el ámbito fitosanitario, sino también en el social y medioambiental, y las exigencias en temas equivalentes en países terceros a productos con los que luego comparten espacio en los supermercados.
Por ello, para conseguir acuerdos justos para los productores, es importante avanzar en la igualdad de condiciones y reciprocidad en el mercado comunitario.
En este sentido, valoramos las propuestas de la CE recogidas en el documento “Garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía de la UE en un mundo incierto”, del 7 de enero. En este documento, la Comisión propone medidas en cuatro ámbitos, y en uno de ellos se compromete a aplicar condiciones de igualdad y reciprocidad con los países terceros. Propone, por ejemplo, la realización de un estudio de evaluación de impacto sobre los pesticidas considerados más dañinos (ya mencionado en la Visión para la agricultura y la alimentación) o una propuesta para modificar el marco legal existente para la posibilidad de no permitir la importación de productos con residuos de los pesticidas más peligrosos. Confiamos en que la implementación de estas propuestas sea una realidad en los próximos meses.
En cuanto a la Política Agraria Común, este año será relevante porque empezarán a concretarse las medidas que entrarán en vigor a partir de 2028. La CE presentó hace prácticamente un año, el 19 de febrero de 2025, su Visión de la Agricultura y posteriormente, el 16 de julio, presentó el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y el paquete legislativo de la nueva PAC. Este mes de enero, en el documento: “Garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía de la UE en un mundo incierto”, la Comisión Europea planteaba también nuevos apoyos financieros para la futura PAC. Esperamos que se concreten estos apoyos en los próximos meses y, sobre todo, ambicionamos que la política agrícola definitiva tenga en cuenta la importancia de la producción de alimentos en la UE.



