El hecho es que desde que se aprobara la nueva normativa para la titularidad compartida de fincas agrarias, ni una sola mujer se ha acogido a esta posibilidad en la provincia de Almería. Lógico si no existe ningún mecanismo que les permita poder hacerlo en Andalucía.
La denuncia la hacían ayer al unísono el Partido Popular y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) tras la reunión mantenida por sus responsables. Las dos organizaciones miran a la Junta de Andalucía para pedirle que lo haga posible.
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Sin registro
La parlamentaria andaluza Carmen Crespo es una prioridad reivindicar la situación que viven muchas mujeres agricultoras de la provincia de Almería, mujeres que “han trabajado a la par que sus maridos en las explotaciones agrarias y que, sin embargo, lo han hecho sin darse de alta, que fue la razón para que se creara la Ley de Titularidad Compartida”.
Y tras la exposición, la reivindicación, ya que según Crespo “no se ha fomentado en Andalucía la posibilidad de que se realice la inscripción de esta Ley por parte de la Junta, cuando es su obligación facilitar el cumplimiento de esta normativa”.
Plan de igualdad
La parlamentaria ha recordado que en el mes de enero hubo un Consejo de Gobierno en el que se aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades para el sector agroalimentario y pesquero, un plan que recogía la titularidad compartida, pero sin presupuesto, “es decir, sin recursos económicos para el fomento de esa ley, ni tampoco un registro específico ni personal adicional para tramitar las solicitudes”.
Para Francisca Iglesias, secretaria general de UPA-Almería, lo que está ocurriendo con la Ley de Titularidad Compartida es “un problema importante” al tratarse de una norma aprobada hace ya cinco años para que ambos cónyuges cotizaran a la Seguridad Social en las explotaciones agrarias y para poder acceder a una serie de ayudas como la de incorporación e las explotaciones agrarias.
Peticiones
Iglesias, que acudió a la reunión con los parlamentarios del PP acompañada de un nutrido grupo de mujeres del medio rural, explica que en 2015 se iniciaron las primeras solicitudes de explotaciones con titularidad compartida. Sin embargo, afirma, “muchas de las mujeres que quisieron acceder se encontraron con la situación de que no podían registrar las fincas como explotaciones de titularidad compartida “porque no existe un registro provincial ni tampoco a nivel de Andalucía”.
Tanto los representantes del PP como las mujeres integradas en UPA, demandan que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para hacer posible el cumplimiento de la normativa aprobada sobre esta materia, “y que sea efectiva, porque nos estamos embarcando en una situación que nos puede llevar a problemas graves de rentabilidad en las explotaciones”. Coinciden también ambas formaciones en reclamar más apoyo de la Junta a los productores ecológicos.
Fuente: lavozdealmeria.es
