El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales constituyen algunos de sus principales objetivos.
El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.
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En el último de estos aspectos, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales y de productores.
En relación con el mantenimiento del suelo agrario y de la vigilancia y control de su infrautilización y degradación, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como es el caso de la Vega de Granada. El objetivo es proteger el patrimonio agrario frente a otros usos, principalmente la presión urbanística, garantizando su destino a una agricultura competitiva.
En la misma línea se regula la figura de los planes de Ordenación de Explotaciones, para el desarrollo de obras que tengan lugar conjuntamente en varias fincas, tanto para la mejora de infraestructuras físicas como en el aprovechamiento de recursos. En el caso de proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de actuaciones agrarias de interés autonómico. Entre otras ventajas, esta consideración implicará que no estarán sometidos a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo de las administraciones locales.
Cadena agroalimentaria
Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos.
La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros. Esta calificación tendrá también la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
El régimen disciplinario incluido en el proyecto de ley también abre la posibilidad de que, siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, se dé publicidad de las sanciones junto al nombre de las empresas y de las personas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto en el caso de venta por debajo del precio de mercado.
Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas. Con ello se facilitará su seguimiento y control, además de evitar robos y fraudes. Los operadores estarán legalmente obligados a denunciar todas aquella falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.
En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.
Reconocimiento profesional
Otra de las novedades del proyecto es la elaboración del Estatuto de las Personas Empresarias Agricultoras y Agroindustriales, que promoverá el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural, así como la obtención de retribuciones justas por el desempeño de sus actividades.
Este documento también establecerá deberes como gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea; ejercer la actividad agraria o agroindustrial atendiendo a la función social de la propiedad y con subordinación al interés general, y hacer un uso racional, sostenible y eficiente de los medios y recursos de producción, en particular de los no renovables.
La interlocución con el sector se reforzará a través de la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, integrado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) y las organizaciones o asociaciones de cooperativas agroalimentarias de ámbito regional más representativas, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPA y las cooperativas, estarán sindicatos y organizaciones empresariales.
Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia de sanidad vegetal y animal o de riesgo para la salud pública, se establece un nuevo protocolo que incluye, entre otras medidas, la adquisición urgente de vacunas y otros medios para prevención de enfermedades. También se prevé un procedimiento para la declaración de zonas afectadas por catástrofes y el restablecimiento de su potencial productivo, así como sistemas de alerta para la prevención de riesgos meteorológicos y epidemiológicos.
Incentivos
El texto define un amplio grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos. Además de las consideradas actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan determinados requisitos (por ejemplo, que sean de mujeres o jóvenes, de producción ecológica o estén en zonas protegidas) y las de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común.
En cuanto a las tierras de titularidad pública autonómica, el proyecto prevé su posible enajenación y establece un procedimiento general para garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, priorizando el acceso a personas jóvenes, mujeres, desempleados agrarios, administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro con proyectos de economía social. Actualmente, la Junta dispone de casi 4.500 hectáreas de fincas públicas con valor agronómico.
Otra de las novedades es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, así como a luchar contra el fraude.
El proyecto dispone también la elaboración de la Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario y Agroalimentario, y la creación del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria como órgano de participación y asesoramiento.
Finalmente, el texto incluye una modificación de la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía con el fin de que la Administración autonómica pueda intervenir en los Consejos Reguladores en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones, y otra de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para incluir entre estas entidades a las vinculadas con la distribución comercial.
El sector en Andalucía
El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones y 300.000 trabajadores, contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 7.000 empresas –pymes en más de un 90%– que acaparan el 24% del empleo y el 18% de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma. Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
La agroindustria andaluza es la segunda más importante de España en términos de valor añadido y concentra el 18,7% de las empresas y establecimientos industriales del sector a escala nacional, además de constituir el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, casi 11.000 millones de euros en 2017, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.
