Aunque la finalidad de la Ley es compartida por la mayoría del sector- persigue reducir los desequilibrios entre los distintos operadores de la cadena, evitar las prácticas abusivas, favorecer la libre competencia en los mercados dando transparencia a la formación de los precios, aflorar economía sumergida,..- en opinión de Asociafruit, hay aspectos de la misma cuyas consecuencias no han sido debidamente valoradas.
La nueva Ley establece la obligación de formalizar contratos por escrito- exceptuando las entregas de sus socios a cooperativas y organizaciones de productores- siempre que las transacciones superen los 2.500 euros y no se realice el pago al contado. La obligación de formalizar estos contratos, en los que debe figurar el precio en una cuantía fija o variable- determinado en este caso por factores objetivos y verificables-, no tiene en cuenta la dificultad de precisar este, en un mercado sujeto a una fuerte volatilidad de los precios, que además se ven afectados por otros factores particulares como pueden ser, por ejemplo, los descuentos por las mermas en el transporte.
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Por otro lado, la Ley establece un régimen de sanciones, que pueden llegar en casos muy graves al millón de euros, por el incumplimiento de los plazos de pago- 30 días para los productos de alimentación frescos y pereceros-. Esta obligación al ser de carácter nacional, genera importantes desequilibrios a los operadores españoles, que tienen que pagar a sus proveedores a 30 días, mientras que van a cobrar de sus clientes extranjeros en 60 o 90 días en los casos mejores, ya que ellos no tienen que aplicar esta ley española. Sin embargo, los exportadores de otros países europeos, sin legislación sobre estos aspectos, no tendrán estas limitaciones a la hora de gestionar su tesorería, lo que les otorga una ventaja competitiva.
Las jornadas realizadas por Asociafruit en Jerez de la Frontera y en Palma del Río la pasada semana, y las reuniones sectoriales de la asociación, han puesto de manifiesto el desconcierto y descontento generalizado que existe en el sector hortofrutícola con esta Ley. Esta tiene por objetivo básico reforzar el derecho de los productores a unas relaciones comerciales equilibradas que permitan el desarrollo viable de la producción y el consiguiente nivel de vida equitativo, objetivos de la PAC establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE, y además una mejor vertebración de la cadena alimentaria con una distribución sostenible del valor añadido en los eslabones que la integran, objetivos que comparte Asociafruit.
Sin embargo, es necesario dar una respuesta válida a las cuestiones planteadas en el Reglamento de la Ley, delimitando entre otros asuntos claramente su ámbito de aplicación y suprimiendo cualquier traba en la actividad exportadora de la que depende el sector hortofrutícola. Ante esta situación, Asociafruit defiende que le Ley no debe ser de aplicación al comercio exterior, aunque las entregas de la mercancía se realicen en territorio nacional.
