Tres meses después de que tres toneladas de peces y crustáceos fueran hallados muertos a orillas del Mar Menor, el Consejo de Gobierno de Murcia aprueba un plan para protegerlo del deterioro medioambiental. Sobre el Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor, el presidente de Proexport, Juan Marín Bravo, señala que están «sin duda ante una ordenación y regulación de los usos agrarios que no tiene parangón en ninguna otra zona de producción hortofrutícola de España y, probablemente, de Europa, ello a pesar de que el mapa de producción europeo está plagado de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos”.
A expensas de un análisis más concienzudo y, sobre todo, de la puesta en práctica de las nuevas medidas previstas, Marín destaca que “el reto medioambiental y agronómico que este Decreto Ley plantea a los agricultores, empresas agrarias y cooperativas de la comarca es de tal calibre que bien podría decirse que en el futuro la agricultura del Campo de Cartagena-Mar Menor será sostenible, o no será». Asimismo sitúa a la agricultura de Campo de Cartagena ante un «reto mayúsculo» que el sector agrario y en particular sus empresas asociadas «están determinadas a superar por responsabilidad social y compromiso regional”.
Desde que la Ley 1/2018 de medidas de protección del Mar Menor entró en vigor, Proexport fue muy activa en promover el cumplimiento por parte de todos los productores, grandes o pequeños, ya estuviesen organizados en empresas familiares, cooperativas u organizaciones de productores. En las consultas previas a la aprobación del actual Decreto Ley, desde Proexport se solicitó al Gobierno Regional que se regulasen con similar relevancia todas las actividades con efectos contaminantes probados sobre el Mar Menor, que las medidas se describiesen bien para mayor seguridad jurídica de todos los agricultores de la comarca y que estas contasen siempre con el necesario rigor técnico, agronómico y medioambiental que tanto se echó en falta en la Ley anterior, sometida a fuertes disputas políticas y sociales. En los próximos días, Proexport hará un análisis detallado del texto aprobado para evaluar si el Gobierno ha sido consecuente con estas peticiones.
El presidente de Proexport alerta de “que nadie se lleve a engaño: sin infraestructuras, este Decreto Ley y todo el esfuerzo titánico que hoy se exige a la agricultura y resto de actividades será insuficiente para proteger y preservar el Mar Menor”. Por eso reitera la exigencia al Gobierno de la Nación de la construcción y puesta en marcha sin más dilación de las distintas infraestructuras contempladas en su Plan de Vertido Cero para de una vez por todas reducir las escorrentías por lluvias desde zonas altas, drenar las aguas del acuífero en su área de conexión con el Mar Menor, gestionar su desnitrificación y la de la red de pozos prevista para posteriormente poner ese agua a disposición de los agricultores.
El director de Proexport, Fernando Gómez señala por su parte que “el hecho de que el Decreto Ley regule asimismo de forma importante las actividades mineras, turísticas, urbanísticas, pesqueras o portuarias, confirma claramente que esas actividades han tenido a lo largo de décadas fuertes efectos contaminantes en el Mar Menor que había que frenar y regular apropiadamente, aunque tanto la Ley anterior 1/2018 como la opinión pública, política y algunos grupos ecologistas se empecinaron en señalar como único culpable a la agricultura.”.
Recuerda que el sector agrario emplea a miles de familias que entienden que la sostenibilidad ha de ser ambiental, sin lugar a dudas, “pero, como indica la ONU, en agricultura también ha de ser social y económica, o de lo contrario se abandonarían las zonas rurales”. Y añade: “Si la nueva normativa, por dura que sea, consigue hacer compatible esas tres facetas, no encontraríamos razón para que los colectivos empeñados en acabar con la agricultura regional sigan atacando de forma tan virulenta el desarrollo ordenado y el empleo de la actividad agraria en la comarca, salvo que persigan otros intereses. Nosotros llamamos a la concordia y al trabajo conjunto para que la compatibilidad entre preservación ambiental y actividades económicas en el entorno del Mar Menor sean pronto un modelo de éxito que unan de nuevo a toda la sociedad murciana”.
Catástrofe medioambiental
El decreto ley de Protección Integral del Mar Menor prohíbe el uso de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera, limita los ciclos de cultivos en el Campo de Cartagena y suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos. La norma, que entrará en vigor en un aproximadamente un año, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece medidas que limitan los usos agrarios, ganaderos, pesqueros, turísticos y urbanísticos en 2.400 kilómetros cuadrados del Campo de Cartagena y el mar Menor, que quedan divididos en dos zonas: la 1, que cubre un 15 por ciento de la superficie y que contempla mayores restricciones, y la 2, que abarca el 85 por ciento restante. Además, entre otros aspectos, penaliza la aplicación directa de purine y las transformaciones de secano a regadío.
La ley ha concitado las críticas de varios sectores que la consideran inútil debido a los pocos cultivos que existen en este perímetro. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) calcula que en él solo hay 136 hectáreas de regadío de un total de 60.000 en la cuenca. Agricultores, científicos, ecologistas y ciudadanos dudan de la efectividad del decreto ley aprobado por el Gobierno de Murcia para atajar los graves problemas que sufre el mar Menor, la mayor laguna salada de Europa.
