La operación que ahora se ultima en favor de Sudáfrica fue confirmada por el propio Banco Europeo de Inversiones (BEI) recientemente y será por un importe relevante, probablemente de centenares de millones de euros. De hecho, la que ya fue aprobada a finales del año pasado en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables. Ahora el beneficiario será el propio Estado –que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país– el que podría ser titular de estos préstamos en condiciones preferenciales. Créditos e igual incluso fondos europeos que servirán para que estas infraestructuras se modernicen, sean más eficientes en términos energéticos y contribuyan a “descarbonizar” al que hoy es uno de los principales productores de carbón del mundo.
Este apoyo financiero impulsará pues al sector minero local pero también al comercio hortofrutícola sudafricano en el país que también ocupa –precisamente tras España- el segundo puesto en el ranking de las principales potencias exportadoras de cítricos en fresco del mundo. No son difíciles de entender las razones por las que la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) califica la iniciativa como “un despropósito” que acredita la “insensibilidad” con la que Bruselas trata a su sector productor pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose por todo el continente. Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, quien a este respecto reclama a la UE “que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países”.
Según recogía hace unos días la prensa sudafricana, la operación que ahora se ultima con el ejecutivo presidido por Cyril Ramaphosa se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (JETP, ‘Alianza para la Transición Energética Justa’). En virtud de este acuerdo Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EEUU y Reino Unido se comprometían a financiar 8.800 millones de euros para apoyar los esfuerzos de este país africano en la “descarbonización” de su economía.
“Las políticas verdes de la UE castigan de este modo a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite entre todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea”, se lamenta a este respecto Sanfeliu en clara referencia al caso sudafricano.
“Sólo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España- acuda en auxilio del segundo, Sudáfrica»
“Sólo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España- acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica- para ayudarle a mejorar su posición en nuestro principal mercado –la UE- sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria”, añade la presidenta de Intercitrus. La responsable de la interprofesional se refiere así a la actitud pasiva que está mostrando hasta el momento la CE a la hora de hacer respetar la normativa que garantiza la sanidad vegetal en el territorio comunitario. Incumplimientos que, de manera recurrente, provocan que las importaciones europeas de cítricos sudafricanos traigan plagas y enfermedades que, en no pocas ocasiones (como en el caso del ‘Cotonet de Sudáfrica’), se instalan en las zonas de producción españolas y europeas.
Efectivamente, durante la pasada temporada, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por el hongo de cuarentena conocido como ‘Mancha negra’. Llegado el momento presente, la CE aún no ha tomado ninguna medida para mejorar los controles o para garantizar una mayor fitosanidad a los citricultores europeos. De otro lado, el país austral acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el cold treatment que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de otra peligrosa plaga, cuyo combate también está regulado como prioritario por Bruselas, la conocida como ‘Falsa polilla’. Intercitrus ha reclamado que se impongan medidas para verificar en destino, de manera sencilla y automática, su cumplimiento y ha propuesto –también sin éxito- que este tratamiento se extienda a las mandarinas y pomelos que también pueden hospedar y trasladar esta plaga.
La respuesta de las autoridades y exportadores sudafricanos ante tales hechos, lejos de ser resignada, ha sido de lo más beligerante: en 2022 su Gobierno denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque cuestionaba el tratamiento de frío impuesto contra la ‘Falsa polilla’ y, en cuanto a la ‘Mancha negra’, amenaza con abrir otro panel en la OMC y sus operadores se han atrevido a dudar de la eficacia y el rigor de los inspectores comunitarios así como de las pruebas que practican a sus frutas.
El BEI es un organismo comunitario con sede en Luxemburgo que concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella, cuyo Consejo de Administración está conformado por un consejero de cada Estado miembro –que son los propios accionistas del banco- y otro de la CE.
