La gestión integrada de plagas consiste en el examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles y la posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados, y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión integrada de plagas tiene como finalidad, por tanto, el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en la promoción de los mecanismos naturales de control de plagas.
El plan que ha activado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se realiza mediante la puesta en marcha de una red de explotaciones demostrativas, el intercambio de información con técnicos y agricultores mediante el seguimiento de los resultados y la difusión del material generado y las recomendaciones prácticas. La consejera ha apuntado que con esto se consigue promover ejemplos de demostraciones reales en el campo para que técnicos y agricultores «puedan apreciar en primera persona los beneficios asociados a la aplicación de los principios de la gestión integrada de plagas».
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La gestión integrada de plagas antepone, siempre que sea posible, los métodos biológicos, físicos y culturales a los químicos. Si no existe alternativa, se puede realizar la aplicación de productos fitosanitarios, eligiendo las sustancias activas de menor impacto posible. En este sentido, se pone de manifiesto el buen hacer de los agricultores andaluces, especialmente de aquellos que realizan producción integrada.
Los reglamentos de producción integrada tienen como finalidad servir de orientación a agricultores y a asesores para conseguir implantar los principios de esta gestión integrada de plagas en toda la producción agrícola nacional. El Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios (PAN) pretende conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos de su uso, así como el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las no químicas, entre los que se incluyen los métodos biológicos y biotecnológicos de control de plagas.
Por otra parte, la estrategia ‘De la granja a la mesa’, promovida por la Unión Europea, establece la necesidad de la reducción del 50% del uso de los productos fitosanitarios, así como el incremento de un 25% de la agricultura ecológica.
Objeto principal del proyecto
En este proyecto se ha contado con la colaboración de varias Agrupaciones de Producción Integrada (API), Laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal, adscritos a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), y con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).
El proyecto se ha iniciado en el mes de febrero en fincas demostrativas de olivar (en Granada, Jaén y Sevilla), cítricos (en Huelva y Sevilla) y cultivos hortícolas protegidos (en Almería). No obstante, la consejera de Agricultura ha asegurado que estas prácticas «se irán ampliando a otros cultivos por toda la geografía andaluza». Para ello, se aprovecharán las guías y reglamentos, así como los datos facilitados por las API a la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF). Todo ello, con el objeto de establecer un canal eficaz de transferencia de toda esta información a técnicos y agricultores.
La comunicación y difusión de resultados se realizará a través de jornadas técnicas, en las propias fincas demostrativas, página web de la RAIF, sus redes sociales y una newsletter.
Con todo ello «se pretende que éste sea el inicio de una red estable de fincas de demostración», ha puntualizado la consejera. Se trata de que se permita mostrar la eficacia y las ventajas económicas y medioambientales que una implementación efectiva de la gestión integrada de fincas proporciona a la agricultura andaluza, facilitando, a su vez, el cumplimiento de los nuevos requisitos que se establezcan a nivel comunitario.
