La directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, ha comparecido en la Asamblea de la Región de Murcia para trasladar la posición de la organización que agrupa a agricultores, cooperativas y empresas vinculadas al sector del Campo de Cartagena sobre las mejoras que han de incluirse en la ley del Mar Menor, y que están siendo objeto de debate y exposición en la Cámara.
Una posición, como la propia Corbalán explicó con detalle, aportando vídeos y textos cuya literalidad no admite interpretación ni manipulación alguna, que es coincidente con la opinión de los principales técnicos, científicos y organismos públicos: Ángel Pérez Ruzafa, José Luis García Aróstegui, Emilio María Dolores o la Confederación Hidrográfica del Segura, así como las investigaciones penales que está llevando a cabo la Fiscalía de Medio Ambiente y la Ucoma de la Guardia Civil.
En esta línea expositiva coincidente con los expertos más reputados, Natalia Corbalán aseguró que la actual ley del Mar Menor ha fracasado: no recupera la laguna y además está acabando con la principal fuente de riqueza de la región, la agricultura. El problema, según la directora de FI, es que «la actual ley del Mar Menor nace ya como una medicina equivocada, destinada a ser el remedio para un enfermo al que se le aplica un diagnóstico erróneo, ya que es una ley que en ningún momento reconoce lo que cientos de evidencias científicas y técnicas han demostrado hasta la fecha, y que FI contribuye a que se conozca el origen multifactorial, en el que la agricultura es tan sólo uno de los factores, pero nunca ha sido el principal; y lejos de elaborar un texto fruto de la seriedad y la altura de miras que requería un problema de esta magnitud, las conveniencias políticas del momento centraron el 70% de su articulado en medidas puramente agronómicas, carentes de evidencia alguna sobre su efectividad para la recuperación del Mar Menor, pero que, sin embargo, eran de sobra conocedores de las nefastas consecuencias que tendrían sobre la riqueza más grande de la Región de Murcia, su agricultura».
Corbalán aportó datos sobre la incidencia de la ley para los agricultores del Campo de Cartagena. «Desde 2017, el coste asumido por las cerca de 4.000 explotaciones agrícolas ha sido de unos 3.000 millones de euros. La expropiación de hasta el 20% del suelo o las múltiples restricciones en parcela encarecen los costes de producción y provocan una pérdida de competitividad al agricultor. Y ahora nos encontramos con un doble drama: Mar Menor sin recuperar y agricultura herida de muerte. No será que no lo advertimos», afirmó.
Grupos econegacionistas hiperfinanciados
Corbalán preguntó a los diputados: «¿Qué hay del sistema de depuradoras, de la gestión de los residuos y vertidos urbanos, de las obsoletas estaciones de bombeo, de los estériles y tóxicos procedentes de la Sierra Minera, de las playas artificiales en una laguna costera que por definición debería carecer de ellas, de los diez puertos deportivos que alteran su ecosistema con dragados altamente dañinos, de las embarcaciones a motor, de la presión urbanística que cada verano cuadriplica la población ribereña?». Una serie de preguntas que convergen con los problemas expuestos en la misma Asamblea por expertos y científicos. La directora de FI expresó la sorpresa de los agricultores porque «sigue negándose el papel contaminante de las aguas residuales de origen urbano por parte de responsables políticos, Administraciones públicas y grupos econegacionistas hiperfinanciados».
Corbalán celebró que Podemos haya hecho propuestas de reforma de la ley del Mar Menor coincidentes con las de Fundación Ingenio, ya que pide que no se instalen macroplantas fotovoltaicas en las zonas de exclusión en torno a la laguna y reclama «un programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y EDARs», puntos que son el eje de las reivindicaciones de la Fundación. En este sentido, Corbalán recordó que la ley «incorpora un uso monopolístico de las tierras para destinarlas a fotovoltaicas. El plan es redondo: aburrir a los agricultores con normativa asfixiante y enterrarlos en papeles, en el mejor de los casos. Porque en el peor vemos como les expropian el uso de las tierras hasta que al agricultor no le queda otra salida que ceder sus tierras a grandes fondos de inversión extranjeros. Castigamos social y mediáticamente a la agricultura de regadío, que nos da de comer, pero ponemos la alfombra roja a fondos extranjeros de energías renovables para que se hagan los amos de las tierras de cultivo«, declaró.
Por todo ello, FI propone a los políticos una serie de soluciones «que aborden la multifactorialidad. En primer lugar, para FI es imprescindible que la nueva ley contemple en su regulación el principal factor responsable: las aguas residuales de origen urbano. Por desgracia, mientras esta ley no reconozca y regule el principal problema seguirá siendo un instrumento inservible para la finalidad a la que está destinada: recuperar el Mar Menor». Para la Fundación, «la mala red de saneamiento, la falta de infraestructuras, como tanques de tormenta con capacidad suficiente para los meses de verano, o unas estaciones de depuración de las aguas residuales que sean capaces de asumir toda la carga que llega en los meses de verano deberían ser la prioridad número uno de esta ley, así como la renovación integral de las estaciones de bombeo. Porque no es que las depuradoras funcionen mal, es que no tienen capacidad«, afirmó.
“Coincidimos con prácticamente todo el espectro parlamentario”
Por otra parte, Fundación Ingenio reivindicó un conjunto de medidas elaboradas por profesionales del mundo académico bautizadas como Anillo Protector Ambiental, una solución integral para el Mar Menor, basado en tres pilares:
• Buenas prácticas agrícolas basadas en la incorporación de novedosas tecnologías.
• Reducción de la descarga subterránea para reducir el gradiente hidráulico entre el acuífero y el Mar Menor.
• Reducción de la descarga superficial de las aguas procedentes de las escorrentías, especialmente tras las danas.
En algunas de estas medidas «coincidimos con prácticamente todo el espectro parlamentario, ya que están incluso recogidas por Podemos en su proposición de ley: acabar con el artículo que permite el uso monopolístico de las fotovoltaicas en la ordenación territorial, derogar las ECARM e incluir un programa de control y mejora de las redes pluviales, de saneamiento y EDARs», explicó. Por último, señaló que sería imprescindible «actuar en el acuífero, tal y como estaba previsto en el Plan Vertido Cero, extrayendo todo el agua que entra por la Rambla del Albujón y está modificando el nivel freático de la zona, afectando a edificios e instalaciones» de núcleos ribereños.
Por todo ello, Natalia Corbalán pidió a los políticos que «enmienden lo que se hizo mal, que hagan caso a los técnicos y científicos y que escuchen a la sociedad civil», que, en el caso de los agricultores del Campo de Cartagena, encarna Fundación Ingenio.
