“La ley refuerza lo que ya hacían muchas empresas prevenir, aprovechar y donar, pero ahora con reglas claras para todos”, subraya Nuria Pedraza, directora de Comunicación de AECOC, porque, como recuerda José Miguel Herrero, director general de la Industria Alimentaria del MAPA, “cada alimento que tiramos desperdicia recursos, trabajo y oportunidades”. Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS, apunta al papel clave que juegan las más de 23.000 tiendas de proximidad en España para reducir el desperdicio gracias a su logística ágil y un surtido adaptado al consumidor local. Todos los actores deben implicarse en la lucha contra el desperdicio y lo harán bajo un marco normativo común que refuerza las buenas prácticas ya existentes, pero exige un mayor compromiso a todos los operadores.
Este enfoque, lejos de presentar resistencia por parte de los diferentes eslabones, se ha traducido en una implicación y apoyo prácticamente unánime del sector. “Debe entenderse como un marco regulador que consolida, ordena y multiplica esfuerzos ya iniciados por muchas empresas, que llevamos más de una década implementando buenas prácticas para reducir el desperdicio”, Antonio Domene, CEO de Moyca. Con estas cuatro voces autorizadas recorremos los detalles de una ley y dibujamos un futuro más sostenible y eficiente.
La nueva ley prioriza las prácticas de prevención en el desperdicio de alimentos
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ha sido bien acogida por el sector de frutas y hortalizas, ya que no les pilla por sorpresa al llevar años trabajando en esta reducción y permitirá un mayor aprovechamiento de sus producciones. Aún así, tendrán que adaptar y reforzar su política interna de acuerdo a los requerimientos. Entre los principales retos, el Plan Estratégico obligatorio de prevención y los acuerdos de donación.
Entrevista a José Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es un hito en el sistema alimentario en España, ¿cree que llega en el momento adecuado?
La regulación llega en un buen momento y establece requisitos y medidas específicas para reducir el desperdicio, lo que producirá beneficios en el sector. Aunque somos conscientes de los avances ya conseguidos en materia de desperdicio, sabemos que queda camino por recorrer y justamente la ley ofrece herramientas para conseguir alcanzar la reducción del desperdicio, en beneficio de todos.
Imaginamos que la ley partirá desde el inicio de la cadena hasta el consumidor, ¿qué objetivos os marcáis para cada eslabón?
El documento se aplica a toda la cadena alimentaria, desde que el alimento se produce hasta que llega al consumidor. Establece obligaciones generales para todos los agentes de la cadena y específicas para algunos de ellos.
Entre los objetivos generales de la ley se encuentra el disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, fomentar la donación, progresar en la medición del desperdicio y en el análisis de sus causas y consecuencias, así como sensibilizar y formar sobre el desperdicio a todos los agentes de la cadena alimentaria y a la ciudadanía.
¿Verdaderamente el desperdicio alimentario supone una ineficacia de la cadena? ¿Qué podremos conseguir poniendo en marcha esta ley, quién se va a verbmás beneficiado?
El desperdicio alimentario supone una ineficiencia de la cadena alimentaria que da lugar a que los alimentos no se aprovechen para lo que fueron concebidos y terminen en el cubo de la basura.
Cada vez que tiramos un alimento también desperdiciamos todos los recursos que se han empleado para producirlo y todo el trabajo de las personas que han permitido que llegue a nuestro plato.
Con la ley ganamos todos, porque los alimentos vuelven a su propósito original, alimentar. La ley prioriza la prevención y establece una jerarquía de prioridades para darle uso a los alimentos, la primera de ellas es la donación.
Además, reducimos el impacto ambiental. Menos desperdicio significa menos emisiones, menos residuos y un uso más responsable del agua y de la energía. También mejorar las empresas, porque al aplicar planes de prevención, optimizan procesos, reducen costes y ganan en eficiencia.
El nuevo marco regulatorio llega cuando las empresas llevan una década trabajando en la reducción del desperdicio. ¿Será más fácil así alcanzar los objetivos que se marcan con esta ley?
Somos conscientes de que muchas empresas trabajan en esta línea y han hecho muchos avances. Para ellas, será más sencillo adaptarse a las obligaciones, puesto que muchas ya las realizan. Por ejemplo, hay empresas que cuentan con una política interna de prevención del desperdicio que ahora tienen que adaptar y reforzar para cumplir con la obligación de elaborar un plan de prevención y aplicar la jerarquía de prioridades que marca la ley.
Para otras empresas cumplir con la ley va a suponer un gran empujón y una necesidad de adaptación, pero va a repercutir en su propio beneficio. En este sentido, las exigencias que impone la ley no son las mismas para una gran empresa que para una pequeña, y facilita su aplicación a estas últimas.
¿Qué pretende la ley conseguir con esta normativa? ¿Cómo se deben preparar las empresas ante este nuevo marco normativo?
La ley pone el foco en la prevención, la sensibilización, la formación y la generación de conocimiento de todos los actores de la cadena en materia de lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario. El objetivo es reducir el desperdicio alimentario mediante una gestión más eficiente de los recursos, para generar beneficios para todos.
Con la nueva norma, las empresas deben adaptar sus políticas internas y actuaciones contra el desperdicio a los requerimientos de la ley. Además, es flexible con las empresas de menor tamaño, ya que excluye a las microempresas y a las pequeñas explotaciones agrarias de la obligación de aplicar la jerarquía de prioridades, elaborar un plan de prevención y promover acuerdos de donación.
A su vez, excluye de la obligación de elaborar planes de prevención y acuerdos de donación a las actividades de transformación, distribución y el canal Horeca desarrolladas en establecimientos iguales o inferiores a 1.300 m2.
La ley no solo impone obligaciones, incluye buenas prácticas y ofrece ejemplos tales como fomentar las líneas de venta de productos imperfectos e incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Otros ejemplos son la flexibilización de menús en los casos de empresas de hostelería y restauración, con la posibilidad de medias raciones, por ejemplo.
Uno de los puntos con más controversia es el de conseguir donar todo a entidades y consumo humano y el sector piensa que no va a resultar sencillo. ¿Qué podría decirnos para tranquilizar a las empresas?
Es fundamental que, en materia de la lucha contra desperdicio alimentario estemos todos involucrados, cadena alimentaria, administraciones, entidades sociales y el propio consumidor. Por ello es preciso trabajar en la colaboración público-privada para favorecer la creación de redes y sinergias, debemos apoyarnos entre todos para conseguir los objetivos de la ley.
Como no puede ser de otra manera, la ley también supone un reto para las entidades receptoras de alimentos. Para dar garantías y seguridad en este paso, se establece la obligación de llegar a acuerdos de donación en las relaciones donante- receptor. La ley establece los requisitos que deben cumplir dichos acuerdos y las condiciones en las que deben llevarse a cabo las donaciones.
La jerarquía se plantea como el orden de actuaciones y destinos para evitar que los excedentes se conviertan en desperdicio, pero también contempla, además de las excepciones ya mencionadas anteriormente, una cierta flexibilidad en la su aplicación.
Existe la posibilidad de adaptación de la jerarquía de prioridades conforme a las características propias de cada actividad, ya sea por razones de factibilidad técnica, seguridad alimentaria, viabilidad económica o protección del medio ambiente, o mayor eficiencia en la gestión por eslabones anteriores, entre otros. Igualmente, para los acuerdos de donación, la ley establece la excepción en los casos en que resulte inviable y quede debidamente justificado.
Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico, ¿tendrán en cuenta a la cadena de valor para hacerles partícipes?
Las administraciones públicas tienen la obligación de promover la colaboración con los agentes de la cadena alimentaria en la lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario. Para ello, se elaborará un Plan Estratégico de Prevención y Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario, en el que se tendrá en cuenta a las distintas unidades de la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como a las organizaciones más representativas del sector agroalimentario y las entidades sociales.
Si bien la ley no establece una fecha concreta para su elaboración, ahora mismo estamos volcados en dar a conocer la ley y queremos empezar a trabajar ya en la aplicación de la misma, con lo que seguro que pronto el Plan Estratégico será una realidad.
¿Nos puede explicar en qué consistirá este Plan Estratégico?
Este Plan contendrá la estrategia general de la política de desperdicio alimentario, las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los programas autonómicos, así como los objetivos mínimos de prevención a cumplir.
El Plan va a ser el marco en el que se encuadrará toda la política de lucha contra el desperdicio que debe ser lo suficientemente amplio para permitir encajar el reparto competencial en el caso de España de las distintas autonomías, de ahí que sea tan importante trabajar juntos y en coordinación en su elaboración.
