Sectores como la sanidad, los transportes o la educación combinan desde hace décadas el modelo público-privado. Ahora, la pregunta es si la alimentación debe seguir el mismo camino. La medida tomada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de crear supermercados públicos en la ciudad ha reabierto el debate en España, donde el sector está tendiendo en los últimos años a la concentración empresarial, con tres cadenas, Mercadona, Carrefour y Lidl, acaparando más del 56% de la cuota de mercado.
Esta propuesta no es nueva en el debate público español. Desde una de las formaciones políticas se explicó entonces que era “perfectamente viable” y que permitiría “poner el interés general por encima del beneficio económico”, esto sucedió en 2023. El objetivo, garantizar el acceso de la ciudadanía a una alimentación saludable a un menor coste que en los operadores comerciales.
En España ya hubo supermercados públicos
Repasando la hemeroteca se pueden encontrar propuestas no tan lejanas de supermercados públicos que resultaron fallidas. Fue el caso de DIRSA, propiedad en un 75% de Tabacalera, principal operadora en el sector nacional de tabaco hasta su privatización a finales del siglo pasado, que cerró a mediados de los noventa tras ser adquirida por el sector privado, y de Jobac, controlada por la red de mercas Mercasa durante dos años hasta su salida del negocio.
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A este legado se refirió el presidente de AECOC, José María Bonmatí. Bonmatí aseguró entonces que, frente al encarecimiento de los precios por las tensiones geopolíticas, “se está trabajando con márgenes de beneficio muy bajos” y que “es difícil que una aportación del sector público rebaje los precios”.
Situación en el resto de Europa
Pese a que la propuesta del alcalde neoyorquino Mamdani haya reabierto el debate en los últimos meses, esta idea no es novedosa y ya funciona en algunos países europeos. Es el caso de Suecia, donde se implementó en 2022, ofreciendo un supermercado con precios reducidos, lo que permite un mejor acceso a las personas en situación de vulnerabilidad, que se abastece, en parte, de donaciones de las cadenas privadas.
En Francia se han realizado pruebas piloto para otro modelo con participación pública. Es la Sécurité sociale de l’alimentation, puesta en marcha durante el primer mandato del presidente Emmanuel Macron, y que ofrece a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad una tarjeta de hasta 150 euros mensuales para que accedan a una alimentación saludable y de calidad.
Después de años en los que, en España, esta propuesta ha estado en el debate público, parece poco probable que nuestro país continúe la idea promocionada por el nuevo regidor de Nueva York. Pese a ello, el debate reaparece cada cierto tiempo en la opinión pública.
