De cara a la presente legislatura, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera en la Unión Europea que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles y garantizar así el futuro de un mundo rural vivo.
En la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro.
Por otra parte, el ministro ha destacado el valor de la PAC como una herramienta estructural para el desarrollo del sector agroalimentario. El Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
En este contexto, Planas ha señalado que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible.
En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo. El Gobierno trabajará para lograr un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales.
En las negociaciones para su aplicación en España, el ministro ha anunciado el inicio del debate político con las comunidades autónomas, en el que se abordará, entre otros aspectos, todas las cuestiones relativas a la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser el perceptor de las ayudas.
Planas ha aclarado que “no se trata de un debate territorial, sino sobre las personas, sobre lo que somos y queremos que sea la agricultura del futuro”. El ministro ha apostado por apoyar a la agricultura familiar y profesional, que sustenta gran parte del tejido socioeconómico y social de las zonas rurales.
