La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que “no tiene sentido malgastar recursos públicos en blanquear» la situación del Mar Menor «si ésta no se ataja de raíz”.
Ribera recalcó que la regeneración ambiental del Mar Menor es una prioridad dentro de las políticas del Miteco y “una cuestión de Estado” para el conjunto del Gobierno, subrayó en su intervención sobre los problemas de degradación que arrastra la albufera murciana, cuyo estado es “una catástrofe que ha venido sucediendo a cámara lenta ante nuestros ojos”.
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Tras analizar, a la luz del último informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), las causas del nuevo episodio de mortandad masiva de peces y otras especies lagunares por hipoxia derivada de los vertidos de nitratos fertilizantes de la agricultura intensiva y regadíos ilegales, Ribera recordó el compromiso adquirido hace dos años ante la sociedad civil del Campo de Cartagena, cuando visitó la zona tras los estragos causados por la DANA de 2019.
“Entonces me comprometí con vecinos, agricultores, empresarios, científicos y alcaldes a diferenciar la agricultura legal de la ilegal, a aprobar una estrategia integral de restauración del ecosistema del Mar Menor, mejorar la investigación y seguimiento del estado de la laguna y tener en cuenta las preocupaciones sociales a la hora de plantear soluciones”, recordó.
ATAJAR DE RAÍZ
Ribera, que reiteró el llamamiento a la colaboración leal entre administraciones, hizo hincapié en la necesidad de eliminar en origen la causa real de la degradación de la laguna salada. “Hay que detener los vertidos en origen -ha dicho-. No basta con disimular los nitratos y nutrientes que se producen”, subrayó.
Se refería así al conocido como Plan de Vertido Cero impulsado por el último Gobierno del PP, que ponía todo el énfasis en la reducción de la carga contaminante en fertilizantes, el reciclado y vuelta al ciclo del agua. Ese planteamiento no resuelve el problema.
“No tiene sentido malgastar recursos públicos en blanquear una situación si ésta no se ataja de raíz”, puntualizó. La ciencia ha identificado el problema del Mar Menor como un caso ‘de libro’ por sobrecarga de nutrientes muchos más allá de lo que el ecosistema es capaz de asimilar.
La ministra anunció la ampliación del actual contrato entre la Dirección General de Costas y el Instituto Español de Oceanografía para mejorar el control de los parámetros físicos de la laguna y reforzar la observación científica permanente del estado de la albufera salada.
Igualmente, recalcó la importancia de fortalecer la colaboración entre administraciones e incorporar a la sociedad civil a los foros de debate, de rendición de cuentas, así como recabar sus observaciones y sugerencias, a fin de lograr la implicación de todos en la recuperación del Mar Menor.
ESTRATEGIA INTEGRAL
Ante los portavoces de los grupos parlamentarios, la ministra expuso también los pormenores de la Estrategia Integral de Recuperación del Mar Menor puesta en marcha por el Ministerio y para la que se contempla una inversión inicial de 317 millones de euros. Basada en el mejor conocimiento científico disponible, incluye medidas para la protección del dominio público hidráulico derivadas de la declaración del acuífero en riesgo químico.
Entre otras, vetar el uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos a 1.500 metros de la orilla lagunar, limitar el número de cosechas, implantación del registro de explotación agraria, sistemas de monitorización del uso de agua de riego, de control y seguimiento de la fertilización mineral en los regadíos, y la creación de entidades colaboradoras para la inspección, control y vigilancia.
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Dentro de dicha estrategia, destacó además proyectos de control de escorrentías y de defensa frente a inundaciones, un asunto de máxima preocupación vecinal en el entorno del Mar Menor, así como la creación de áreas de laminación que sirvan de colchón.
En total se actuará sobre más de 390 hectáreas y se crearán 216 hectáreas de laminación, junto a la restauración de 13 kilómetros de cauces. Dentro de esta línea tendrán un papel preponderante las soluciones basadas en la naturaleza, filtros ‘verdes’ y actuaciones de renaturalización del entorno.
Y se ha comprometido a reunirse con los representantes de las asociaciones vecinales y las organizaciones ecologistas con periodicidad mensual hasta que el estado de la laguna no revierta a parámetros de normalidad.
Ribera advitrtió que la gestión del agua en el Mar Menor no admite más desarrollos, ni urbanísticos ni agrícolas. Las únicas soluciones viables para garantizar la recuperación de la laguna deben a atenerse a las recomendaciones científicas, asegurar el respeto a la ley, y alentar tanto la colaboración institucional como el diálogo activo con la sociedad.
ACUÍFERO EN RIESGO QUÍMICO
En su intervención, la ministra expuso la larga lista de medidas ya acometidas por el Miteco dentro de las políticas para la recuperación del Mar Menor. Destacó en particular la declaración del acuífero de Cartagena en situación de Riesgo Químico por exceso de nitratos.
El acuerdo, suscrito en julio de 2020 por la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura con el voto en contra del Gobierno de la Región de Murcia, faculta a la adopción de medidas cautelares para evitar los vertidos, cuyo control corresponde a las autoridades autonómicas.
Además, la Confederación ha identificado cerca de 8.500 ha de regadíos con visos de ilegalidad en el uso del agua y abierto expediente sancionador a más de 7.800 de esas hectáreas. Casi medio millar de expedientes incoados hasta el momento, de los cuales 207 se han enviado a la Fiscalía Superior de Murcia y un centenar largo al gobierno regional.
En este sentido, Ribera lamentó que hasta este momento el ejecutivo murciano no haya comunicado el levantamiento de una sola hectárea de regadío ilegal, ni la restitución a su estado original, como le obliga a hacer su propia legislación.
La vicepresidenta tercera destacó también los 661 expedientes abiertos a desalobradoras, con 211 precintadas y 55 han sido desmontadas. Y se han incoado -dijo- 166 expedientes a depuradoras desde 2020. Además de ello, en este tiempo se ha efectuado el bombeo de la Rambla del Albujón y actuaciones de protección del litoral como la reversión de Puerto Mayor al dominio público marítimo terrestre, y otras contempladas en el recientemente aprobado Plan para la Protección del Borde Litoral.
Fuente: Agrodiario
