Cuarenta y cinco céntimos por kilogramos de plástico de un sólo uso es lo que establece esta tasa, que deriva de la Ley de Residuos y Suelos contaminados, y cuya aplicación tanto la industria alimentaria como las organizaciones de valor de la cadena del envase han pedido sin éxito que se retrase al menos un año.
La industria pide evitar que se pierda competitividad
«Pedimos a la administración que, en la tensionada situación económica actual, no adopte ninguna medida fiscal que perjudique la competitividad de las empresas y a los propios consumidores», apuntan fuentes de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).
Además de los motivos estrictamente económicos -unos 2.000 millones según un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI)-, la implementación de un impuesto de estas características es «muy complejo y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir», añaden desde esta patronal.
Hay además que crear documentación y desarrollar aplicaciones informáticas con «casuísticas infinitas» que hacen que las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multipliquen.
En esta línea, FIAB considera que «las empresas deben de contar con un margen de tiempo suficiente para poder resolver estas cuestiones».
Sin plástico reciclado disponible en cantidad y calidad
«El plástico es indispensable para muchos usos e insustituible», sentencia la gerente de sostenibilidad de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Cinta Bosch.
En su opinión, no hay plástico reciclado disponible ni en cantidad ni en calidad para abastecer a toda la industria alimentaria y, además, hay plásticos reciclados que no pueden tener un uso alimentario.
Bosch llama la atención sobre otra de las obligaciones que implica esta ley, como la Responsabilidad Ampliada del Productor, una medida que puede sumar 1.150 millones de impacto al sector en un contexto de incremento disparado de costes, especialmente los energéticos.
Con todo, la experta de AECOC entiende que con todos estos costes se resta competitividad a las empresas pues sólo Italia tiene un impuesto similar.
Y apunta al igual que FIAB a otro coste, el operativo, esto es la adaptación de sus sistemas y procesos a este nuevo «impuesto complicado» para el que aún hay «dudas» y que, por ello, genera «inseguridad jurídica» a muchas de las compañías.
El origen del impuesto
Un informe sobre esta ley de la consultora EY explica que es una figura novedosa que inaugura una categoría de impuestos dirigidos a fomentar la economía circular en el ámbito del plástico, con la que se trasponen tres directivas europeas.
En España, se ha «aprovechado» la obligación de trasponer estas normativas para dar «un primer paso» en la reforma del sistema de fiscalidad medioambiental con la creación de dos tributos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, señala la consultora.
Bruselas creó en 2020 una nueva categoría de recursos propios de la Unión basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclen, recuerda el informe, y añade que desde 2021 cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle.
Así, se están generando impuestos como el que contempla esta ley en otros países como Italia -con entrada en vigor prevista para 2023-, si bien también hay casos extracomunitarios como el de Reino Unido, que tiene una tasa similar desde abril de este año
