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14 May 2025 | Actualizado 09:19

Revista del Sector Hortofrutícola

El Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno herramientas para garantizar la supervivencia del sector de viveros de fresa

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el día de ayer en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para abordar la urgente necesidad de soluciones efectivas que aseguren la viabilidad y competitividad del sector de viveros de fresa en España. El partido popular, y en particular el portavoz de agricultura Pedro Gallardo, tras de reunirse con el sector, ha canalizado las necesidades de los viveristas españoles y las ha llevado a la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.  

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A pesar de la oposición del PSOE, la petición se ha ganado en el voto que ha tenido lugar ayer en la Comisión de Agricultura.

“El sector necesita urgentemente herramientas para poder competir de manera justa con nuestros vecinos europeos, como Italia y Grecia, que ya han autorizado el uso de sustancias desinfectantes esenciales, como la cloropicrina y el dicloropropeno”, ha señalado Pedro Gallardo.

El sector de viveros de fresa, que representa un motor económico clave para varias regiones del país, como Castilla y León, ha estado luchando con la escasez de herramientas eficaces para tratamiento de suelos previos a la siembra. En regiones como Huelva, donde se concentra el 90% de la producción nacional de frutos rojos, la falta de tratamientos adecuados ha provocado una disminución de la productividad de hasta un 60%, según estudios del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).

Estos tratamientos, que actualmente están restringidos en España, son fundamentales para asegurar que los viveros puedan cumplir con los estrictos controles fitosanitarios y seguir siendo competitivos en el mercado internacional. En el caso de no poder utilizar estos productos, los viveristas españoles podrían perder su capacidad de producción, lo que tendría repercusiones dramáticas tanto a nivel económico como social, afectando a miles de empleos directos en las zonas rurales.

La propuesta presentada en el Congreso insta al Gobierno a autorizar con carácter urgente el uso de cloropicrina y dicloropropeno, restableciendo así el nivel de competitividad necesario para asegurar la rentabilidad del cultivo y la sostenibilidad del sector.

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