Un sector comprometido
Tras dos años de pandemia que paralizaron la economía y la sociedad, el 2022 debía ser el año de la recuperación. Sin embargo, la situación a día de hoy es bien distinta a los pronósticos que los analistas económicos habían realizado.
Los conflictos geoestratégicos han llevado a las economías europeas a unos niveles de inflación sin precedentes en 35 años, sometiendo a la cadena de valor agroalimentaria a una tensión nunca vista hasta el momento. Y, una vez más, el sector del gran consumo ha respondido con un gran sentido del compromiso y de la responsabilidad.
Durante los momentos más difíciles del COVID-19, la cadena de valor del gran consumo mostró su gran eficiencia, garantizando en todo momento la disponibilidad de productos en los lineales. Ese mismo esfuerzo es el que está haciendo el sector desde hace meses para contener una subida generalizada de costes a fin de no “castigar” más a un consumidor que, al igual que las empresas, debe afrontar un aumento también generalizado de precios que afecta a su vida cotidiana.
Con el consumidor
La evolución actual de los precios de los alimentos está inevitablemente condicionada por la de otros costes esenciales, como las materias primas o los energéticos, que han llegado a cuadriplicarse. Un incremento de este calibre en los costes tiene un gran impacto sobre la cuenta de explotación de las empresas, hasta el punto de que, incluso incrementando ventas, hay compañías que no están consiguiendo beneficios o los han visto reducirse muy significativamente.
Un análisis de datos nos muestra que los costes de producción de muchos alimentos han subido más de un 70%, lo que supone que el sector está repercutiendo, a costa de sus márgenes, menos de un tercio del incremento de costes en el precio final.
Alto nivel de competencia
Además, la cadena de valor del gran consumo no sólo se caracteriza en nuestro país por su compromiso con el consumidor, sino también por su alto nivel de competencia. Y es que, en España, el nivel de concentración de la distribución es mucho menor que el de nuestros vecinos europeos y, justamente, esa amplia oferta de cadenas de distribución y marcas es la que garantiza la capacidad de elección del consumidor y juega en favor de la contención de precios.
En este contexto de máxima complejidad, el sector del gran consumo no solo está haciendo un gran esfuerzo para contener, en la medida de lo posible, el incremento de precios, sino que lo hace manteniendo su compromiso de ofrecer al consumidor productos de calidad. La pandemia nos ha dejado a un comprador más sensibilizado con factores como la salud, la conveniencia y la sostenibilidad, y las empresas trabajan para dar respuesta a estas necesidades. El objetivo es claro: ofrecer al consumidor el máximo valor al mejor precio posible.
Sería deseable que no se impulsaran nuevas regulaciones e impuestos que añadan sobrecostes a las empresas
Aun así, en un escenario como el actual, los esfuerzos para contener el impacto de la inflación sobre el consumidor no deberían venir únicamente de parte de las empresas. Con un IPC en crecimiento de doble dígito, la recaudación del Estado por impuestos se ha disparado un 23%, lo que supone unos ingresos “extra” de 22.000 millones.
Por ello, todas las asociaciones empresariales reclamamos, desde hace meses, que el Gobierno contemple medidas como la reducción temporal del IVA de algunos alimentos o deflactar el IRPF. Son recetas comunes en situaciones como la actual. De hecho, este mismo año, la Unión Europea (UE) aprobó una directiva, a la que ya se han acogido diversos estados miembros, que permite una revisión de las tasas de IVA para tratar de aliviar la subida de los precios al consumidor y su pérdida de poder adquisitivo.
Nueva legislación, más sobrecostes
Asimismo, y en un momento en el que todos los eslabones de la cadena están teniendo que estrechar más aún sus márgenes, también sería deseable que no se impulsaran nuevas regulaciones e impuestos que añadan sobrecostes a las empresas. No hay que olvidar que, este mismo año, se ha aprobado La ley de Residuos y Suelos Contaminados y que también está en tramitación el Real Decreto de Envases, ambos de gran impacto para el sector.
Se trata de normativas que no sólo fijan objetivos que van más allá de las exigencias europeas, sino que se plantean en un momento especialmente delicado, poniendo en riesgo la competitividad de las empresas españolas frente a las compañías de nuestros vecinos europeos. Resulta especialmente reseñable que el Real Decreto plantee medidas como la prohibición de empaquetar frutas y hortalizas en packs de menos de 1,5 kg, frenando así la propuesta de valor del sector y restando conveniencia a la oferta al consumidor.
La distribución está repercutiendo menos de un tercio del incremento de costes en el precio final
Las empresas del gran consumo comparten la necesidad de avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible y, de hecho, llevan años trabajando en esta dirección. El II Informe de Sostenibilidad en Gran Consumo de AECOC muestra que, en los últimos años, las compañías del sector han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado en sus envases y hasta un 29,8% sus emisiones de CO2. Es por ello difícil de entender que se aprueben normativas que, más que incentivar, castigan a las empresas con nuevos costes.
El gran consumo está totalmente comprometido con el objetivo de ayudar al consumidor a hacer frente al actual escenario inflacionista porque, tal y como ha demostrado durante décadas, es, ante todo, un sector eficiente, competitivo y responsable.
