En este sentido, asegura que «los intercambios con Reino Unido están desarrollándose con normalidad», aunque matiza que, «indudablemente, las formalidades documentales de las declaraciones de aduanas constituyen un coste burocrático adicional».
«El futuro de la posición del sector en Reino Unido» -el tercer mercado exterior para las frutas y verduras españolas- «depende de nosotros mismos; es decir, de que seamos capaces de mantener la competitividad en ese mercado», al que también llegan productos de Marruecos y de otros países con producción hortofrutícola, afirma.
A su juicio, el mayor reto de las explotaciones de frutas y hortalizas españolas a partir de 2021 es «impulsar la competitividad», pero entendida en este caso desde el punto de vista de «mejora de la productividad».
Un avance que pasaría, «en líneas generales», por conseguir más «eficiencia energética, climatización, agricultura de precisión, digitalización y protección de cultivos».
Respecto a la protección de cultivos, Pozancos precisa que hay un «problema muy grave con la reducción de la disponibilidad de productos fitosanitarios y el insuficiente control de la fitosanidad de las importaciones».
Para ganar en competitividad, cree «prioritario» que parte de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobados por la crisis de la Covid-19 se dirijan en España a alcanzar dichos objetivos, en una entrevista con Efeagro, También defiende cambios en la redacción final de la Ley de la cadena alimentaria, que ahora se encuentra en el Congreso.
El próximo jueves, el director de Fepex comparecerá ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la cámara para presentar una propuesta de alegaciones a dicha ley, cuyo texto actual en su opinión «no puede resolver los dos principales problemas del sector: su competitividad y las crisis de mercado».
«Algunas de las alegaciones de Fepex se centrarán en el mejor control de las importaciones y otras en la obligación de contractualizacion o firma de contratos y al coste efectivo de producción», detalla.
En la Comisión de Agricultura planteará que, «pese a compartir los objetivos generales de la ley», «tener que respetar el coste efectivo de producción en todos los supuestos puede provocar un daño muy superior al bien que se pretende proteger».
Como ejemplo, señala que si las frutas y verduras de importación entran a un precio por debajo del coste efectivo de producción de las nacionales, el agricultor español tendría que dejar de vender la totalidad de su cosecha para no incumplir la ley, sin poder darle salida aunque fuera a los valores del mercado de ese momento.
Respecto a la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, desde la federación confían en que «España incluya al sector de frutas y hortalizas en el régimen de pagos directos, como así ocurre en el resto de países comunitarios productores».
«Entiendo que hay voluntad política, pero es una decisión que todavía no está tomada», porque se está perfilando ahora el plan estratégico español para la PAC 2023/27, indica.
COMPETITIVIDAD Y VIABILIDAD
Recuerda, en este sentido, que la Comisión Europea recomendó en diciembre a España que en dicho plan incluyera medidas para impulsar la competitividad y viabilidad de las explotaciones, así como la distribución de las ayudas directas hacia grupos homogéneos de territorios, eliminando el vínculo de las referencias históricas.
En cuanto a la declaración de 2021 como Año Internacional de las Frutas y Verduras por la ONU, aplaude la iniciativa en un momento de crisis sanitaria mundial, en el que la gente ha apostado por un mayor consumo de estos productos para hacer una dieta más saludable.
Fepex está perfilando varias propuestas para su celebración que presentará al Ministerio, incluida alguna que puede que se acometa en la feria Fruit Attraction, en la que trabajan ya con Ifema para que en octubre, «si el desarrollo de la pandemia y proceso de vacunación lo permite», pueda volver a ser una edición presencial.
