Se han ratificado todas las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta (12), entre las que destaca la inclusión de un nuevo epígrafe, denominado capítulo IV, por el que se regula el Consejo Agroalimentario del Estado como un órgano colegiado consultivo, que prosperó con 269 votos a favor, 22 en contra y 21 abstenciones.
El resto de enmiendas salieron adelante con 183 votos a favor, 115 en contra y 15 abstenciones en la votación plenaria.
La ley recoge la celebración de una consulta directa y simultánea en España, convocada de forma periódica, y los agricultores podrán elegir a una de las organizaciones candidatas, que cubrirán los 10 puestos del Consejo Agrario de forma proporcional a los votos obtenidos mediante un sistema de circunscripción única.
Se añade una disposición adicional que establece que el plazo para convocar la primera consulta será de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley e incorpora una disposición transitoria única que establece que el comité Asesor Agrario seguirá existiendo hasta que se constituya el nuevo Consejo Agrario.
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El portavoz del PP, Bibiano Serrano, ha recordado que la ley en vigor hasta ahora (10/2009) impide que nuevas organizaciones accedan al esquema de la interlocución con la Administración General del Estado y que sólo dos comunidades autónomas han celebrado elecciones en los últimos 35 años para medir la representatividad.
En las tres últimas décadas, sólo dos de las 17 comunidades autónomas han celebrado elecciones simultáneamente, «cuando toca» (Cataluña y Castilla y León), pero en cinco de ellas nunca han desarrollado comicios, ha argumentado Serrano.
Actualmente, tres organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) «pactan la representatividad al 33,33 % cada una, y ya está» lo que, a su juicio, no es propio de un Estado de Derecho.
La nueva reglamentación permitirá, ha añadido, que los agricultores y ganaderos «elijan democráticamente en las urnas» a sus representantes ante la Administración central, gracias a esta ley «necesaria», porque la anterior «es de imposible aplicación».
Para Serrano, el nuevo sistema dará «un plus de legitimidad» a las OPAs en sus reivindicaciones y acabará con sus disputas sobre quién tiene mayor presencia entre los agricultores -el criterio de afiliación no aporta, en su opinión, garantías sobre su representatividad real-, y no impide que las regiones tengan su propia interlocución.
Desde la oposición, por su parte, han denunciado la falta de consenso y de garantías democráticas de la futura «consulta» electoral y la invasión de competencias autonómicas.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha rechazado lo que ha considerado «un fiasco» de ley «incomprensible», que «creo que es ilegal y que no tendrá vida propia ni en esta legislatura ni en la siguiente».
«Es un engaño del PP a las organizaciones profesionales agrarias y a los agricultores», ha remarcado Alonso, quien ha apuntado que hay un «acuerdo oculto» de ese partido para impulsar una ley con la que, afirma, no están de acuerdo ni Asaja, ni COAG, ni UPA.
El PSOE acusó al PP de quedarse solo en el Congreso en su defensa de esta ley y justificó su voto en contra de todas las enmiendas populares en el Senado, excepto la que hacía referencia al mantenimiento del Consejo Agroalimentario del Estado -Alonso defendió que es una propuesta socialista- para garantizar la interlocución a FIAB, cooperativas y sindicatos de trabajadores.
Alonso ha considerado que los titulares podrán votar en la futura consulta al campo sólo «por lo que cobran».
Para Joan Baldoví (GMx), «se pierde la oportunidad de celebrar unas verdaderas elecciones en el campo», tras denunciar que no se cumplen las aspiraciones ni de las organizaciones, ni de los trabajadores, mientras que Teresa Jordà i Roura (ERC) tachó de «centralista», la estrategia del Gobierno.
Maite Ariztegui (Amaiur) criticó «el capricho» del exministro del ramo Miguel Arias Cañete con la iniciativa y la ha calificado de «chapuza legal inasumible» y de proceso que nace con las «cartas marcadas».
Joseba Andoni Agirretxea Urresti (EAJ/PNV) ha opinado que la ley se ha empeorado en el Senado y ha cuestionado las «autoenmiendas del PP», la falta de consenso y la vulneración de competencias autonómicas.
Por su parte, José Luis Centella Gómez (GIP) ha insistido en que «no estamos ante unas elecciones agrarias sino ante una consulta que no da legitimidad al proceso», un «verdadero apaño» del Gobierno.
Marc Solsona (GC-CiU) mostró su «decepción» por la ley y su rechazo al PP por no aceptar en el Senado «nada o casi nada» de las demandas de grupos parlamentarios para arreglar las deficiencias sobre la representatividad o ámbito competencial, entre otros.
Según la nueva ley, el censo de votantes en la futura consulta al campo incluirá personas físicas afiliadas a la Seguridad Social que perciba pagos directos superiores a 5.000 euros (frente a los 3.000 que figuraban en anteriores borradores) y agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de un porcentaje igual o superior al 25 % de su renta total.
También se abre la consulta a sociedades civiles y mercantiles con actividad agraria y unos requisitos de facturación.
La norma determina que serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 % de los votos válidos emitidos en consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5 % en seis comunidades autónomas.
