La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario es la primera norma estatal sobre esta materia publicada en España. Con ella se pretende “fomentar el uso eficiente de los alimentos y reducir el despilfarro en todos los eslabones de la cadena”. Debemos felicitarnos por el objetivo que se expresa en esta frase y que busca reducir el desperdicio en toda la cadena agroalimentaria: desde los productores primarios hasta los consumidores finales en hogares y en bares y restaurantes, todos estamos llamados a hacer esfuerzo en este sentido. Esta visión de cadena es una gran noticia, ya que la luchar contra el desperdicio alimentario es tarea de todos si queremos, de verdad, reducir los índices globales de desperdicio en España.
La distribución alimentaria -concretamente los formatos de supermercado, autoservicio y distribución mayorista- presenta un índice de desperdicio del 0,6 %, según el informe de Indicadores de Sostenibilidad de ASEDAS. Este índice define el desperdicio alimentario como todos aquellos alimentos inicialmente destinados al consumo humano que, finalmente, se descartan y se tratan como residuos. Es decir, el 99,4 % de los alimentos que distribuyen los minoristas y mayoristas de alimentación son puestos en manos del consumidor, donados para consumo humano o reaprovechados como subproductos en alimentación animal o revalorizados energéticamente.
Alcanzar esta cifra -que por supuesto se sigue intentando mejorar, aunque somos conscientes de que pequeñas mermas son inevitables- ha supuesto años de trabajo para perfeccionar al máximo el aprovechamiento del surtido. El conocimiento de los hábitos de consumo de los clientes, la comunicación con el sector productor para avanzar hacia el paradigma de “producir lo que se demanda” y la innovación logística, donde España es pionera, son tres de las claves que nos ayudan a ser el eslabón de la cadena donde menos desperdicio se produce.
Además, la concepción del tratamiento del desperdicio desde diferentes puntos de vista da como resultado la confluencia de esfuerzos desde diferentes ángulos, como son el medioambiental, el económico y el ético. De esta manera, el desperdicio alimentario se enmarca en el interés de la distribución alimentaria por reducir al máximo todo tipo de residuos y revalorizarlos al máximo en el marco de la responsabilidad medioambiental que ejercen.
La nueva Ley nos invita a todos a poner por escrito unos planes de prevención que nos ayudarán a diagnosticar por qué se generan desperdicios y a buscar alternativas
Además, hay que subrayar la dimensión económica del desperdicio. Para comprenderla, basta con recordar que la misión empresarial, de crecimiento económico y creación de empleo de las empresas de distribución alimentaria es llenar las cestas de la compra de los consumidores y eso solo se consigue con la venta de alimentos, no con su desperdicio.
Por último, el compromiso para contribuir a una sociedad mejor, más justa e igualitaria, se manifiesta en los numerosos convenios que las empresas de distribución alimentaria tienen suscritos con los bancos de alimentos y otras organizaciones sociales -la mayoría de ellas de proximidad- para donar alimentos aptos para el consumo antes de correr el riesgo de que estos se conviertan en desperdicio.
La nueva Ley nos invita a todos a poner por escrito estas acciones en unos planes de prevención que nos ayudarán a diagnosticar por qué se generan desperdicios y a buscar alternativas viables técnica, ambiental y económicamente para reducirlas, con medidas de seguimiento periódicas. Además, ha tenido la sensibilidad, en el caso de la distribución de alimentación de proximidad, de establecer un orden de jerarquía de prioridades de donación por motivos justificados conforme a las características del comercio. En un país en el que trabajan unas 200 pequeñas cadenas y hay un gran número de emprendedores que regentan pequeñas tiendas de alimentación, esta sensibilidad era muy necesaria.
Sin embargo, no todo cabe en la Ley y, en materia de desperdicio, queda mucho por hacer. Por ejemplo, sería interesante cuantificar la aportación del modelo de comercio de proximidad a la reducción del desperdicio. El hecho de que existan más de 23.000 puntos de venta en zonas rurales y urbanas de toda España y una capacidad logística de vanguardia permite que más del 90 % de las personas acuda andando a hacer la compra y encuentren productos frescos que han pasado del campo a la mesa en apenas 24-48 horas, lo que nos permite comprar únicamente lo que necesitamos en cada acto de compra sin necesidad de almacenar en exceso, acudiendo varias veces por semana a comprar productos de alimentación. De esta forma, adquirimos productos muy frescos, cuya vida útil es mucho más duradera en los hogares de los consumidores y evitamos, por la vía de la prevención, mayores cantidades de desperdicio alimentario.
Volviendo al principio de estas reflexiones sobre la necesidad de abordar el desperdicio desde una perspectiva de cadena, podemos hacer una última puntualización sobre si esta Ley establece también los mecanismos necesarios para llegar al consumidor, como el último eslabón, sabiendo que es en los hogares donde más comida se tira a la basura. Por ello, no se debe perder de vista la importante tarea de informar, educar y concienciar al consumidor sobre la manera de hacer compras responsables y de cómo conservar mejor los alimentos.
