En un comunicado, Sitca ha señalado que los servicios jurídicos del sindicato estudian si esto es constitutivo de delito por la «grave y desleal competencia» en la que sostiene que se incurre.
El sindicato lamenta además que las diferentes administraciones canarias y estatales no hayan cumplido «con el cien por cien de los compromisos alcanzados con el sector», por el «deterioro masivo» que ocasiona en la agricultura y, en concreto, en el tomate.
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Advierte que estas administraciones «no pueden estar incentivando económicamente la importación de productos de países terceros», porque ello puede ser «el principio del fin del sector tomatero en Canarias, donde 16.000 familias dependen de él».
Sitca expone en su comunicado que esta acción de las administraciones puede ser ilegal porque diferentes directrices comunitarias expresan «claramente» que no se puede subvencionar a productos de países terceros que compitan de manera desleal con la producción autóctona de las islas.
Así mismo, indica que tampoco se puede subvencionar a algunos importadores que hacen «el agosto» sin tener en cuenta que están hundiendo el consumo del tomate canario en las islas, y añade que no entiende cómo se permite importar estos productos que no reúnen «los más mínimos controles fitosanitarios, salvo que algunos estos días hayan cumplido con estos controles que en Marruecos «brillan por su ausencia».
Según el sindicato, de la media docena de palets de tomates provenientes de Agadir, distribuidos días atrás por Mercalaspalmas, no se tenía «conocimiento alguno de quién o quiénes han sido los destinatarios de dicho producto».
Sitca denuncia también que lo que le parece «más grave» es que se permita estas importaciones de Marruecos, «donde se explotan y masacran los derechos de los trabajadores».
