La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) reclama al Gobierno central que la nueva metodología que prevé poner en marcha para calcular los peajes del transporte y la distribución de la energía eléctrica prescinda de gastos ajenos al riego agrícola con la finalidad de abaratar más de un 30% la factura energética a los regantes.
Entre esos gastos que la organización agraria pide que el ejecutivo elimine de la factura eléctrica y que financie a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destacan “los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos” (18,8% del coste total), “otros costes regulados” (9,6%) e “impuestos aplicados” a estos capítulos.
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El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “los agricultores ya estamos atravesando una durísima crisis de rentabilidad como para, además, pagar cuando regamos nuestros huertos unos gastos suplementarios que no tienen nada que ver con nosotros. La normativa que necesita el sector debería dirigirse a abaratar la factura, no al revés”.
Y es que, a juicio de AVA-ASAJA, la Circular 3/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su modificación adoptada en el estado de alarma por el Covid-19 auguran a partir del 1 de abril de 2021 “más costes económicos, más penalizaciones por excesos puntuales de potencia y más lío burocrático para adaptarse a las nuevas exigencias técnicas como ocurrió en 2008”.
Aguado agrega que “el Gobierno, especialmente el ministro de Agricultura, tiene aún margen de tiempo para reconducir este desaguisado y conseguir que los regantes paguen una factura eléctrica acorde a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Si mantiene sus planes, habrá más gastos para menos usuarios, y eso solo puede empeorar la crisis agraria y el abandono de campos”.
