Las organizaciones exigen el cumplimiento de la preferencia comunitaria, “primero lo nuestro y después lo de los demás”, y la reciprocidad, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos que los europeos.
Así, bajo el lema ‘Competencia desleal, ¡NO!’, agricultores provenientes de todas las provincias de Andalucía impedirán, en los accesos al Puerto de Algeciras, la salida de mercancía y, por tanto, la entrada a nuestro país de productos agroalimentarios importados de terceros países.
Precisamente, en 2019, nuestro país ha batido récord de importaciones en productos agroalimentarios con un valor de más de 37.000 millones de euros (un 2% más que en 2018) y más de 45,5 millones de toneladas de alimentos y bebidas (un 3% más que en 2018).
Este incremento constante de las importaciones que deprimen los precios en origen se debe, en parte, a los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene establecidos con terceros países, en cuanto a contingentes, al calendario de entrada y precios mínimos, por lo que se requieren mayores controles aduaneros, ya que el descontrol de estas entradas permite que se introduzcan más cantidades de las que están establecidas.
Por todo ello, las organizaciones agrarias y la federación de cooperativas organizan la movilización del próximo jueves, de forma simbólica, en los accesos al Puerto de Algeciras, que en 2019 movió más de 8,8 millones de toneladas (un 5,09% más que en 2018). Sólo este puerto recibe anualmente más de 320.000 camiones de transporte y recibe más de 14.700 contenedores de importación.
Con esta acción reivindicativa, las organizaciones denuncian los constantes incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la Unión Europea tiene establecidos con países terceros, mientras que las autoridades hacen oídos sordos, permitiendo la entrada fraudulenta de productos agroalimentarios que no cumplen los mismos estándares de calidad o seguridad que se exigen en Europa a los productores europeos, con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores, generando además una competencia desleal que provoca la ruina del sector y el abandono de las explotaciones.
Las organizaciones exigen a las administraciones que se cumpla el principio de preferencia comunitaria, “primero lo nuestro, y después lo de los demás”, así como la reciprocidad, es decir, que los productos que vienen de países terceros cumplan los mismos requisitos europeos medioambientales, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales.
