Nos hicimos eco en la revista Mercados de la noticia el 17 de enero pasado.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) anunció que emprenderá acciones legales por fraude fiscal contra los importadores de tomate marroquí.
Fuente: Elaboración de la COAG a través de datos Eurostat, valores en toneladas.
El análisis realizado por los Servicios Técnicos de COAG[1] muestra que las importaciones marroquís han superado con creces la cuota de 285.000 toneladas al año de tomate libre de impuestos, a un precio mínimo de 0,46 euros el kilo, que recoge el citado acuerdo. Desde 2019, Marruecos habría excedido en unas 230.000 toneladas al año el límite que está exento de tasas.
Las tripas del cálculo
Lógicamente, las noticias de prensa no se han detenido a destacar el método que los servicios técnicos de la COAG han utilizado para sus cálculos. Hay que ir a la página web de la COAG para obtener la información, que reproducimos en el cuadro anejo.
Notas técnicas de la COAG sobre el cálculo
Se consideran las cantidades exportadas fuera del contingente establecido entre octubre y mayo, sumadas a los volúmenes que entran en los meses de verano, y tomando en consideración los precios unitarios medios determinados por las autoridades comunitarias para ambos periodos, los envíos procedentes de este origen tendrían que satisfacer 14.340.500 € en impuestos en las aduanas de la Unión Europea.
Estos cálculos se han realizado tomando como fuente las estadísticas de la UE, ofrecidas por Eurostat, para las campañas 2019/20 hasta la 2023/24. Es decir, que en el periodo de cálculo las empresas que realizan exportaciones al mercado comunitario deberían haber pagado 71,702.500 € a las arcas de la UE.
Esta cuantificación asume que las cantidades que introduce Marruecos dentro del contingente preferencial de 285.000 tn entre octubre y mayo están libres de impuestos en frontera y sin tener en cuenta que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos, lo que haría aumentar las cifras estimadas.
El rigor y la calidad de los trabajos de los servicios técnicos de la COAG son conocidos y apreciados entre los economistas agrarios que nos tomamos interés por las frutas y hortalizas. Se supone por lo tanto que han tenido en cuenta toda la información disponible y, en particular, la rebaja preferencial de los derechos de aduana para las cantidades de tomates fuera de cuota importadas.
En su comunicado, la COAG señala que, “durante los últimos 10 años, ha pedido de forma reiterada tanto a la Comisión Europea como a los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda, las cantidades liquidadas por las importaciones agrícolas de Marruecos en materia de tasas arancelarias y no ha recibido respuestas aclaratorias al respecto. Han preguntado a la Comisión Europea por el asunto, pero la institución se remite a que es competencia de cada Estado Miembro controlar las tasas arancelarias. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos ha redirigido a los ministerios de Economía y Hacienda, que lo único que nos han dado es el silencio por respuesta”.
La necesaria transparencia
Los que han tenido la paciencia de seguir lo que este paranoico ha escrito sobre las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, saben perfectamente que siempre he defendido la necesidad de mantener una relación privilegiada y que el acuerdo agrícola ha de valorarse en el marco general de estas relaciones.
Este acuerdo ha de aplicarse, tanto en sus aspectos formales como en su espíritu. Por esto ya tuve la ocasión de manifestar mi desacuerdo con el cambio en el mecanismo de cálculo del precio de entrada, tomando en consideración un inexistente “tomate medio” en vez del tomate redondo que se había utilizado hasta entonces y sobre cuya base se negoció el acuerdo.
Los acuerdos están hechos para que se apliquen y respeten. En nuestras democracias, la transparencia de la actuación de las distintas administraciones, el que tengan que rendir públicamente cuentas, es un elemento clave de su funcionamiento.
Por esto, no se puede justificar que no se disponga públicamente de los datos que, según afirma la COAG, reclaman desde hace 10 años. Estamos hablando de derechos de aduana, es decir de recursos propios de la Unión Europea.
Para los profanos en financiación comunitario, el dato de los llamados “recursos propios” es necesario cada año para calcular la contribución directa que cada Estado miembro debe transferir a la Unión Europea. No me cabe ninguna duda que este dato existe y que la propia Comisión Europea, en su Dirección general de Presupuestos, dispone de el. Lo mismo acontece en el caso español con el Ministerio de Hacienda.
Ante la ausencia repetida de respuesta por parte de las Administraciones corresponsables, el recurrir a la Justicia ante lo que podría ser un fraude al presupuesto comunitario, tiene todo su sentido. Seguro que tendremos ocasión de volver sobre el tema en un futuro.
[1] https://coag.org/post/coag-emprendera-acciones-legales-por-fraude-fiscal-contra-los-importadores-de-to-483014