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Bananeros latinoamericanos impugnan estándares de Rainforest Alliance

Se cuestionan irregularidades: omisión del proceso de diálogo y socialización, ausencia de argumentos técnicos, y consecuencias económicas para los trabajadores del sector.27 de julio de 2020

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Los gremios productores y exportadores de banano de Ecuador, Colombia, Costa Rica, y Guatemala, han mantenido el jueves 16 de julio una reunión extraordinaria con los representantes de Rain Forest Alliance (RFA), a raíz de la alarma que han provocado las irregularidades de RFA durante el proceso de elaboración de estándares.

La reunión se ha convocado luego de la publicación de una carta abierta en la que los gremios bananeros de los países representados (los cuales suman juntos el 65% de la producción mundial de banano) convocaban a RFA para solicitarle explicaciones sobre el proceso de consulta ya que “por un lado, RFA dice fomentar espacios de diálogo, abiertos y democráticos. En su consulta pública recibió más de 200 opiniones con sustento técnico. Pero, por otro lado, nosotros evidenciamos que de lo enviando de nuestra parte tan solo el 2% fue tomado en cuenta» (Emerson Aguirre, AUGURA, Colombia).

Efectivamente, la norma publicada hace dos semanas tiene diferencias cruciales con la presentada en 2019 y, además, no ha sido precedida por los correspondientes periodos de consulta. Por otra parte, los productores bananeros no ocultaron su decepción ante el hecho de que el documento de RFA no recoge en su perspectiva los principales desafíos y problemas a los que se enfrenta la región, tales como el COVID y sus consecuencias económicas, el Fusarium R4T, la Sigatoka Negra, entre otros. “La prioridad ahora es retomar los procesos de diálogo. Todos queremos llegar a un acuerdo con RFA” (Julio Mérida, APIB, Guatemala).

Según señalan los productores, el creciente alejamiento de RFA con la realidad del mercado pone en peligro la viabilidad económica de la industria regional. Asimismo, los gremios bananeros han indicado que RFA no ha trabajado en la percepción y participación del consumidor ya que el precio pagado al productor “no tiene en cuenta el inmenso esfuerzo y costes relacionados que hemos hecho en los últimos años, tanto en materia social como medioambiental. Nuestra inversión no se ve reflejada en el precio final, no ha tenido retorno, más bien lo contrario, los supermercados europeos imponen siempre precios cada vez más bajos” (Juan José Pons, Clúster Bananero, Ecuador).

Asimismo, los gremios bananeros aclaran que “queremos proteger al medio ambiente y garantizar los estándares sociales, en eso estamos de acuerdo, pero RFA no respeta la legislación ambiental y social de nuestros países de origen, las cuales han sido pensadas por el legislador atendiendo al equilibro, necesidades y objetivos de cada caso particular. Esta tendencia a reglamentar de manera paralela provoca inconsistencias en toda la cadena, por no mencionar que se trata de una suerte de anomalía reglamentaria” (Juan José Pons, Clúster Bananero, Ecuador). “Este tipo de decisiones por parte de RFA van en contra de un sector que genera empleo formal a miles de familias y que además ya cumple con las normas ambientales y sociales del país” (José Francisco Zuñiga, ASBAMA).

En esa misma línea, en materia de estándares fitosanitarios y derechos sociales “RFA tiene que volver a ser lo que era: una organización a la que se le encomienda, por iniciativa y voluntad de las partes, única y estrictamente certificar en origen los estándares que nos solicitan en destino, y no usurpar competencias que le corresponden al regulador público” (Juan José Pons, Clúster Bananero Ecuatoriano). Asimismo, los bananeros han cuestionado la ausencia de argumentos técnicos en algunas de las prohibiciones de RFA “por ejemplo, sobre del uso de drones, la prohibición carece de enfoque técnico. Estamos ante un problema muy grave si estos estándares se inspiran en dogmas infundados” (Jorge Sauma, CORBANA, Costa Rica).

La reunión ha finalizado con el compromiso de RFA de convocar reuniones técnicas entre los gremios de todos los países involucrados y representantes técnicos de RFA con capacidad de decisión. “Dada las circunstancias, pedimos que la nueva norma entre en vigor a partir de enero 2022” (Richard Salazar, ACORBANEC).

“A mediados de septiembre nuestros agremiados cierran contratos de compra con sus socios internacionales y necesitamos un sello que nos sepa acompañar. Necesitamos llegar a un acuerdo con RFA, o tendremos que buscar alternativas” (José Antonio Hidalgo, AEBE, Ecuador).

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