El Real Decreto-Ley 7/2026, de 20 de marzo, recoge las ayudas aprobadas, el viernes, por el Consejo de ministros e incluye líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero, valoradas, según el MAPA, en 877 millones de euros.
Las medidas específicas para el sector agrario son:
PUBLICIDAD
Ayuda de 20 céntimos por litro para la adquisición de gasóleo agrícola. Los agricultores y ganaderos que tengan derecho a ella no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la petición de la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos los agricultores y ganaderos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros. La medida se prolongará hasta el 30 de junio.
Ayuda para la adquisición de fertilizantes. Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido por el conflicto bélico y la medida trata de paliar el impacto de este incremento en las explotaciones agrarias. Una ayuda similar se aprobó tras la invasión rusa de Ucrania, pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, se beneficiarán no solo a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias. El presupuesto de esta medida asciende a 500 millones de euros.
Ayuda para el acceso a la financiación. El real decreto-ley amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero, una de las medidas de apoyo habilitadas tras la invasión rusa de Ucrania. El fondo para la subvención del principal de los créditos se dota con 225 millones de euros, mientras que los 75 millones restantes se destinan a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) necesarios para la obtención de los créditos, según recoge el Real Decreto 7/2026 y la nota informativa del MAPA, consultados por FEPEX.
El Real Decreto tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos y a los sectores económicos más expuestos ante la volatilidad de precios de los combustibles fósiles en un contexto marcado por los efectos negativos que la guerra de Irán está teniendo en la economía mundial, con la caída generalizada de las bolsas internacionales, la disrupción del tráfico aéreo y el bloqueo del tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz.
Recoge dos tipos de medidas: de carácter coyuntural, entre las que se incluyen las mencionadas para el sector agrario y también para el pesquero y transportistas, que tienen como fin último evitar la subida de los precios de la cesta de la compra. Y un segundo grupo de medidas de carácter estructural y estratégica, enfocado en el largo plazo.
