La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a la distribución que otorgue prioridad al producto de proximidad, que garantiza los máximos estándares de frescura, sabor, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental, en comparación con importaciones foráneas que recorren hasta 20.000 kilómetros en barco.
Vicente Sebastià, responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-ASAJA, describe la campaña de cebolla como “un desastre, estamos peor que el año pasado, se están quedando muchas por vender”. Sebastià indica además que “hasta mediados de mayo no está previsto que entre cebolla nueva en los comercios valencianos, hay más presencia de la grande de Nueva Zelanda y de la variedad grano de Perú, mientras los huertos valencianos están repletos de cosecha sin salida”.
Luis Bellver, delegado de AVA-ASAJA en Carpesa, señala que “los bajos precios y la escasa demanda no compensa los costes de producción, sobre todo por la aplicación de tratamientos fitosanitarios que requiere la cebolla para mantener una excelente sanidad vegetal frente a los ataques de plagas y enfermedades”. Respecto a los precios en origen, éstos están en torno a los 0’15 euros por kilo (un 40% menos que el año pasado) en la cebolla para venta en supermercados, mientras que las cotizaciones de uso industrial se mantienen en 0’23 €/kg.
La campaña valenciana de la patata está cerca de comenzar el grueso de la recogida y la situación se presenta “optimista entre los agricultores, con muy buena calidad y unos precios oscilando entre 0’40 y 0’50 €/kg”, apunta Bellver, también productor de patatas. No obstante, crece la preocupación entre el sector por la presencia cada vez mayor de patata procedente de Egipto en los supermercados. Según datos de Eurostat, en 2023 las importaciones llegaron a 50.500 toneladas, lo que supone un aumento superior al 600% con respecto a las de 2021 y 2022, que rondaban las 8.000 toneladas.
AVA-ASAJA recalca la importancia que tienen tanto la patata como la cebolla para la preservación de la huerta valenciana, ya que “perder esos cultivos no sólo afectaría a la economía agraria, sino también repercutiría negativamente en el paisaje de este espacio singular. La Ley de la Huerta no protegerá nada si no cuida a los agricultores, que son los que realmente mantienen viva la huerta”.
