La coincidencia en el tiempo de la escalada del precio de la luz –tres veces más caro que hace un año– y la implantación desde junio de los cambios tarifarios por parte del Gobierno están teniendo un impacto especialmente demoledor sobre las entidades de riego. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta del encarecimiento insostenible de las facturas de la energía eléctrica necesaria para extraer el agua destinada a regar las explotaciones y, por ello, reivindica un tratamiento específico y diferenciado al sector mediante un “kilovatio agrario”, además de otras medidas urgentes como extender la rebaja del IVA de las facturas de energía a las entidades de riego.
Según un estudio técnico elaborado por AVA-ASAJA, una comunidad de regantes valenciana que riega 650 hectáreas de cultivo (cítricos, uvas, olivar, almendros, frutas de hueso, etc.) paga, con el mismo consumo de agua, 2.500 euros más al mes respecto al mismo periodo del año pasado. Los sobrecostes mensuales se elevan entre un 10 y un 30%, pero la organización teme que los contratos que vayan renovándose puedan llegar a triplicar el precio del kw/hora durante un año. Además, las entidades se exponen a recargos por excesos de potencia contratada, ya que solo por usar quince minutos en un periodo tarifario inadecuado los costes pueden incrementarse cientos de euros adicionales.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, que a su vez preside la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana –la más representativa a nivel autonómico con cerca de un millar de miembros entre entidades y particulares– denuncia que “los costes hídricos ya suponían el 20% de los gastos totales en cultivos como los cítricos, incluso más si sumamos la amortización de las instalaciones. Ahora, entre la subida general de la luz y las últimas leyes del Gobierno que añaden nuevas complejidades y penalizaciones a los regantes, estos costes se disparan y no podemos repercutirlos en el precio de venta de nuestros productos agrarios”.
Por eso, Aguado reclama “un kilovatio agrario, es decir, un tratamiento específico y diferenciado al sector agropecuario a fin de abaratar sus costes energéticos. También solicitamos que la bajada del IVA del 21 al 10% aplicada únicamente a los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kw (la mayoría de los usuarios domésticos) se extienda a las entidades de riego. Una actividad tan esencial para la sociedad como es la agraria no puede verse tan agravada. Cuando había una sociedad urbana que tenía una conexión más estrecha con el medio rural, existía un kilovatio agrario como demostración pública de reconocimiento a su contribución. Actualmente los agricultores atravesamos una situación más difícil y, por tanto, es necesario apoyarnos no solo con palabras vacías sino también con hechos”.
