AVA ASAJA denuncia un sobrecoste mensual, en el uso de electricidad para riego, de hasta un 30%

La coincidencia en el tiempo de la escalada del precio de la luz –tres veces más caro que hace un año– y la  implantación desde junio de los cambios tarifarios por parte del Gobierno están  teniendo un impacto especialmente demoledor sobre las entidades de riego. La  Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta del encarecimiento  insostenible de las facturas de la energía eléctrica necesaria para extraer el agua destinada a regar las explotaciones y, por ello, reivindica un tratamiento  específico y diferenciado al sector mediante un “kilovatio agrario”, además de  otras medidas urgentes como extender la rebaja del IVA de las facturas de  energía a las entidades de riego.  

Según un estudio técnico elaborado por AVA-ASAJA, una comunidad de regantes valenciana que riega 650 hectáreas de cultivo (cítricos, uvas, olivar, almendros, frutas de hueso, etc.) paga, con el mismo consumo de agua, 2.500 euros más al mes respecto al mismo periodo del año pasado. Los sobrecostes mensuales se elevan entre un 10 y un 30%, pero la organización teme que los  contratos que vayan renovándose puedan llegar a triplicar el precio del kw/hora durante un año. Además, las entidades se exponen a recargos por excesos de  potencia contratada, ya que solo por usar quince minutos en un periodo tarifario  inadecuado los costes pueden incrementarse cientos de euros adicionales. 

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, que a su vez preside la  Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la  Comunidad Valenciana –la más representativa a nivel autonómico con cerca de  un millar de miembros entre entidades y particulares– denuncia que “los costes  hídricos ya suponían el 20% de los gastos totales en cultivos como los cítricos,  incluso más si sumamos la amortización de las instalaciones. Ahora, entre la subida general de la luz y las últimas leyes del Gobierno que añaden nuevas  complejidades y penalizaciones a los regantes, estos costes se disparan y no  podemos repercutirlos en el precio de venta de nuestros productos agrarios”.  

Por eso, Aguado reclama “un kilovatio agrario, es decir, un tratamiento  específico y diferenciado al sector agropecuario a fin de abaratar sus costes  energéticos. También solicitamos que la bajada del IVA del 21 al 10% aplicada  únicamente a los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kw  (la mayoría de los usuarios domésticos) se extienda a las entidades de riego.  Una actividad tan esencial para la sociedad como es la agraria no puede verse  tan agravada. Cuando había una sociedad urbana que tenía una conexión más  estrecha con el medio rural, existía un kilovatio agrario como demostración  pública de reconocimiento a su contribución. Actualmente los agricultores  atravesamos una situación más difícil y, por tanto, es necesario apoyarnos no  solo con palabras vacías sino también con hechos”.