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ASPROCAN rechaza la aplicación de los preceptos de precio de la Ley de la Cadena Alimentaria

La Asamblea General de ASPROCAN reclama una solución urgente al daño irreparable que representa la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria para el plátano de Canarias ya que provocará unas pérdidas de entre 100 y 300 millones de euros.

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La Asamblea General de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), órgano de representación sectorial de la totalidad de los productores, reunida esta mañana en Tenerife, ha aprobado por unanimidad de las Organizaciones de Productores que producen y comercializan el 100% del plátano de Canarias, un manifiesto de rechazo a la aplicación de los preceptos de precio de la Ley de la Cadena Alimentaria que hacen inviable la supervivencia del plátano de Canarias.

Una vez que se ha retomado la actividad del Congreso, uno de los principales temas que está previsto abordarse este mes de septiembre será la Ley de la Cadena Alimentaria. Una modificación de ley que debe ser resuelta por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados de forma inminente.

En este punto de la tramitación, la Comisión de Agricultura cuenta con dos enmiendas presentadas por los diputados Ana Oramas y Pedro Quevedo, que coinciden plenamente con la petición que a su vez hizo el Parlamento de Canarias el pasado mes de marzo, instando al Gobierno de España a introducir la excepcionalidad del plátano de Canarias frente a la aplicación de los artículos 9.1 c), 9.1 j) y 12 ter que establece la Ley de la Cadena. Por parte de otros grupos políticos nacionales, como el PP o Ciudadanos, se ha trasladado también el apoyo. Sin embargo, se desconoce la postura definitiva que adoptará el grupo socialista en el Congreso respecto de esta petición que el sector viene reclamando desde hace más de un año.

ASPROCAN ha trasladado datos concluyentes respecto del daño económico que representa la aplicación de la ley, con entre 100 y 300 millones de euros al año en pérdidas, con la consiguiente pérdida de mercado a favor de la banana de terceros países, y en definitiva, la destrucción del sector. Tras año y medio de denuncia, el Gobierno de España en ningún momento ha negado esta evaluación, pero aun así, hasta el momento se ha mostrado ajeno a cualquier solución.

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