El Senado dio luz verde ayer a la Ley de la Cadena Alimentaria sin incluir la enmienda apoyada por Coalición Canaria, la Agrupación Socialista de la Gomera, el PP y Ciudadanos en la Comisión de Agricultura para que se introdujeran excepciones al plátano. De este modo, los productores deberán cumplir con la fijación de precios superiores a los costes efectivos de producción a la hora de comercializar su producto, algo que, según la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), podrían traducirse en la destrucción, “innecesariamente, de entre el 25% y el 30% de la producción anual”.
En un comunicado, Domingo Marín, presidente de Asprocan, calificaba de “inaudito” lo sucedido en el Senado, y decía no conocer “el motivo en el cambio de parecer de los grupos que apoyaron al sector la semana pasada y que hoy han apoyado la causa contraria”, puesto que “nuestra propuesta en nada afectaba negativamente a ningún otro sector”.
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Desde Asprocan entienden que “si el grupo socialista no ha admitido esta enmienda debe ser porque tiene un ‘plan B’ para sector del plátano de Canarias, evitando así la destrucción de millones de kilos de fruta y, con ello, la ruina progresiva de los más de 8.000 productores”. Y en este sentido, su presidente insiste en que “es imprescindible y necesario que, con la mayor urgencia, se nos traslade por parte del Ministerio cuál es su plan para garantizar que el sector no reciba el daño que esta ley implica actualmente”.
Marín ha recordado que Asprocan protege una “renta digna para todos los productores de plátanos, no sólo un precio mínimo” y, precisamente por ello, han pedido esta excepcionalidad. Y es que “esta Ley nos podría obligar a retirar una cantidad tan grande de fruta que acabaría destruyendo a los mismos productores a los que esta Ley pretende proteger”.
El presidente de Asprocan ha criticado que se propongan leyes que “suponen la auto imposición de normas que nos condicionan y limitan nuestra competencia, a la vez que favorecen a las producciones de países terceros”. Precisamente por ello, ha calificado de “incompresible” la “situación de desprotección” a la que se ven abocados los productores de plátano.
La “excepción necesaria” propuesta por Asprocan, y apoyada por buena parte de las fuerzas políticas representadas en el Senado en la Comisión de Agricultura, se deriva del “grave riesgo” que la aplicación de algunos de los preceptos de la Ley representaría para la producción del plátano de Canarias, dado que solo compite con producciones de terceros países y, además, se desarrolla en condiciones de lejanía e insularidad excepcionales.
La medida excepcional propuesta se aplicaría particularmente a las condiciones de rigidez de adecuación de oferta y demanda, así como al establecimiento de la obligación de fijación de un precio mínimo de venta para todas las transacciones y categorías de plátanos por parte de las organizaciones de productores canarios.
Con el rechazo de esta enmienda, la realidad del sector será aún más dura, según Asprocan, que lamenta cómo “mientras vemos en la puerta de nuestros Mercas bananas de terceros países que incumplen normativas, se aplican políticas de precios para destruir el producto nacional y que, además, son favorecidas sin límite por las condiciones de comercio comunitario”.
