La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) ha propuesto al Ministerio de Agricultura una extensión de norma con aportación económica obligatoria de 0,0006 €/kg (equivalente a 1,2 €/tonelada) para financiar campañas de promoción, I+D, defensa fitosanitaria y mejora de la imagen del sector durante los próximos cinco años. La medida busca recaudar aproximadamente 5 millones de euros anuales, complementados con fondos europeos (hasta un 80%) y se concreta mediante un periodo de consulta pública en el que han participado varias organizaciones, incluida ASAJA-Andalucía.
El 26 de agosto de 2025, ASAJA-Andalucía presentó ante la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura un documento de alegaciones a la propuesta de extensión de norma y aportación económica obligatoria de Intercitrus para cinco campañas donde manifiesta su rechazo a la iniciativa, señalando que adolece de falta de representatividad territorial y concentra recursos en proyectos poco consensuados o con escaso retorno directo para los productores.
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Según señala, considera que la extensión de norma propuesta «se encara sin el enfoque adecuado, es parcial y desequilibrada, carece de transparencia y planificación, especialmente en lo relativo a promoción, y contempla duplicidades en la financiación». Por ello, plantea que se diseñe con criterios científicos y técnicos sólidos, que garantice la participación equitativa de todas las comunidades productoras, que priorice la promoción del consumo y la defensa de los citricultores frente a prácticas comerciales abusivas, que asegure la transparencia en la gestión de fondos y el beneficio directo para el conjunto del sector.
En cuanto a las alegaciones, la propuesta de Intercitrus plantea reforzar el Plan de Vigilancia Fitosanitaria Citrícola mediante la creación de más puntos de control, pero ASAJA recuerda que «ya existe un plan operativo» con más de 600 puntos de control en toda España y que supone «duplicar esfuerzos y gasto».
Además, señala que el plan de I+D de Intercitrus se centra en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), dejando fuera a centros públicos de otras comunidades con amplia experiencia, como IFAPA (Andalucía), IMIDA (Murcia), IRTA (Cataluña) o ICIA (Canarias), una exclusión «que rompe el principio de cooperación territorial y limita la representatividad científica». Lamenta que se trata de una «visión sesgada» de las prioridades de investigación, centradas en HLB, CRISPR y variedades sin semillas adaptadas a Valencia, sin atender problemas del sur peninsular como el estrés hídrico o plagas específicas; destaca el carácter «obsoleto o redundante» de algunos proyectos, el riesgo de «concentración de fondos» en un solo centro, sin concurrencia competitiva, y la duplicidad con programas ya financiados por fondos europeos.
La organización denuncia que Intercitrus propone financiar una Guía GIP de cítricos elaborada por el IVIA, pese a que ya existe una guía oficial nacional publicada por el Ministerio en 2023, señalando que se trata de un proyecto «innecesario, ilegal y contraproducente».
La propuesta de Intercitrus también destina entre un 55% y un 75% del presupuesto a campañas de promoción de cítricos en la UE. ASAJA reconoce la importancia de estas acciones, pero critica que la descripción es «excesivamente genérica, se justifica con retórica la necesidad de promocionar, pero no se explican mecanismos de seguimiento ni criterios de impacto, y no se aporta un plan de comunicación estructurado». Para ASAJA, este desequilibrio (mucho detalle en I+D y poca concreción en promoción) refleja una «falta de prioridades claras».
En definitiva, ASAJA entiende que la propuesta de Intercitrus «no responde al interés general del sector citrícola español, y que debe replantearse en profundidad para ganar legitimidad y eficacia».
