Sin duda el veto ruso ha marcado la presente campaña en nuestro país, aunque el efecto del cierre de fronteras no ha afectado con la misma intensidad a todas las producciones. Las frutas de pepita han sido las grandes perjudicadas ya que han arrastrado la crisis de precios todo el ejercicio, con cotizaciones durante los últimos cuatro meses por debajo de costes producción. En manzana, la media en origen se ha situado en 0,23€/kg, frente a unos costes de producción fijados por el Ministerio de Agricultura en 0,28€/kg. En el caso de la pera, los precios al agricultor han rondado los 0,33€/kg y los costes se cuantifican en 0,36€/kg.
Por su parte, la fruta de hueso vivió su peor episodio en agosto y septiembre. El anuncio del embargo irrumpió en plena campaña de exportación. Durante ese periodo, las cotizaciones en origen se desplomaron un 75% y los productores de melocotones, nectarinas y ciruelas, fundamentalmente de Aragón, Cataluña y Extremadura, afrontaron grandes pérdidas. Se estima que entre un 20-30% no pudo enviarse a destino. Las medidas extraordinarias de la UE no tuvieron el efecto deseado porque fueron tardías e insuficientes y las comercializadoras de las principales zonas de producción pasaron olímpicamente de acogerse a la retirada de producto. En muchos casos, por ejemplo Almería, han preferido vender a pérdidas (siempre en perjuicio del agricultor) antes que acogerse a este mecanismo de gestión de crisis por el que tanto hemos peleado desde COAG.
En cítricos, la campaña ha estado condicionada desde el inicio por la venta a pérdidas de cadenas de distribución de origen alemán como LIDL, que ha llegado a ofertar clementinas a 0,69€/kg cuando producirlas cuesta más de 0,85€/kg. Esta situación también se ha reproducido en hortícolas. Tras un inicio prometedor, las cotizaciones en origen experimentaron una peligrosa tendencia a la baja condicionada por las prácticas comerciales de cadenas y plataformas de distribución europeas. Desde finales de septiembre las cotizaciones de calabacín han caído un 77% en el campo y las de pimiento un 63%, por citar dos ejemplos.
Durante las últimas semanas hemos mantenido reuniones con el presidente de AICA, José Miguel Herrero, para trasladarle nuestra preocupación. Le hemos solicitado que, con las herramientas de la nueva Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, se ejerza un control exhaustivo de los precios percibidos por los distintos agentes, especialmente en el eslabón de la distribución. Se debe evitar la especulación, tanto en ámbito estatal, como en la UE, de manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a los de origen y se controlen las caídas injustificadas en productos no afectados por el veto.
