La deuda ambiental del sector fresero con Doñana. WWF ESPAÑA

Doñana es uno de los espacios naturales más importantes y reconocidos de Europa, donde se alberga una biodiversidad única y representa un lugar estratégico para la migración anual de más de seis millones de aves procedentes de países europeos.

En el entorno del Espacio Protegido, se ha creado una importante economía basada en el cultivo de fresas y otros frutos rojos, altamente demandados por los mercados europeos. Sin embargo, la creación de ese motor económico no se ha realizado en equilibrio con los recursos naturales existentes en el territorio. De ahí que parte de la superficie se haya transformado irregularmente en zonas forestales y sin tener los permisos necesarios para el uso del agua, facilitado en parte por una falta de gobernanza local. Esas ilegalidades lo llevan al foco mediático de los principales medios de comunicación nacionales y europeos, que año tras año cubren el robo del agua en Doñana. No valen excusas de competencia con otros países ni otras distracciones: la realidad es que existen todavía fincas que tienen un uso ilegal del suelo y del agua, con un acuífero seriamente dañado y un perjuicio directo sobre Doñana y sobre la imagen del propio sector fresero. Los propios agricultores ilegales provocan una competencia desleal contra muchos agricultores legales que se merecen el respeto por el esfuerzo en cumplir la ley, y que tienen que ir a un saturado mercado con el mismo producto al mismo precio que los producidos en fincas irregulares. Y para colmo, la superficie ilegal sigue creciendo.

Por otro lado, los supermercados y consumidores europeos cada vez exigen mayor respeto ambiental en la producción agrícola. De ahí que en Doñana exijan garantías sobre el uso legal del agua y del suelo, el cumplimiento del Plan de Ordenación de la Corona Forestal y el uso eficiente del agua. En los últimos años han proliferado nuevos criterios y estándares de producción agrícola relacionados con el agua, que tendrán que garantizar el respeto de la legalidad en el uso del agua y del suelo. Y llegará un momento donde el agricultor que no demuestre la legalidad tendrá muchas puertas comerciales cerradas.

Desde WWF España estamos convencidos de que es posible mantener una agricultura productiva y de calidad, garantizando la conservación de los recursos naturales y creando un modelo que aúne responsabilidad empresarial y respeto al medio ambiente. Pero es hora de ser conscientes del reto al que se enfrenta el sector. No valen maniobras políticas electoralistas ni agricultores que claman una amnistía, ni presiones a la Administración que ejerce la competencia de garantizar el cumplimiento de la ley. Ya no es una cuestión de estar en el foco de la prensa, de Organismos Internacionales como UNESCO o de la propia Comisión Europea. Es una cuestión económica: los principales supermercados europeos nos están señalando y pidiendo que se cumpla con la legislación de agua y el Plan de la Corona Forestal.

Por ello, el gran reto del sector de los frutos rojos es asegurar la legalidad ambiental y apoyar la implementación del Plan Especial de la Corona Forestal, siendo el propio sector el que deba denunciar nuevas posibles irregularidades para evitar riesgos reputacionales y daños a la imagen. Sólo de esa manera podremos garantizar la supervivencia de Doñana y de los cultivos de frutos rojos en el futuro.