Los agricultores y ganaderos se perpetúan como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, frente al sector transformador, distribuidor y comercializador, muy concentrado y con gran poder de decisión sobre precios, ejerciendo movimientos especulativos a su favor, que se saltan las normas de la oferta y la demanda y, por supuesto, de la justicia y el equilibrio entre todos los agentes implicados. Además, aplican prácticas comerciales desleales como la venta a pérdidas, o el uso de alimentos de primera necesidad como productos reclamo en los lineales de venta.
A esos desequilibrios se añaden nuevas trabas como la incertidumbre del Brexit. También los perjuicios provocados por la imposición de aranceles desde EE.UU. a producciones tan importantes como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, fruto de guerras comerciales entre otros sectores que utilizan la agricultura como moneda de cambio. Y se cierran nuevos acuerdos bilaterales desde la UE, con terceros países que incumplen la normativa deslealmente, como es el caso del principio de acuerdo con Mercosur, haciendo peligrar aún más la rentabilidad de nuestras producciones.
Otro asunto que ha condicionado de manera determinante la agricultura y ganadería durante todo el año 2019, ha sido la meteorología. Hemos padecido un año hidrológico marcado por temperaturas más altas de lo habitual y lluvias muy escasas y mal repartidas.
La sequía ha tenido graves efectos en Andalucía, donde varios cultivos como el cereal de secano, el olivar de secano, el viñedo y el algodón han tenido mermas muy importantes. La ausencia de pastos para alimentar al ganado ha afectado al incremento de los gastos en alimentación para las explotaciones ganaderas. La apicultura tampoco ha tenido un buen año en producción de polen y miel, tras una primavera muy seca.
Paradójicamente, se han dado temporales de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, e incluso tornados, en varias comarcas andaluzas, con los consecuentes daños para las producciones y las infraestructuras agrarias. Todos estos fenómenos adversos dejan patente para UPA Andalucía que han dejado de ser sucesos meteorológicos cíclicos, para convertirse en consecuencias directas del cambio climático, cada vez más frecuentes. Frente a este escenario es preciso que las administraciones públicas adopten cambios legislativos y medidas que prevengan y palien sus efectos.
Desgraciadamente, una conjunción de menor producción en algunos casos, y bajos precios generalizados en origen, ha marcado condiciones muy negativas para los sectores de las frutas y hortalizas, los cítricos, el vino o el arroz, entre otros. Pero, teniendo en cuenta todos los factores que influyen, podemos afirmar que el sector más vilipendiado durante la pasada campaña ha sido el del olivar: a la reducción de la producción del 30% se une una grave crisis de precios bajos injustificada, originada por los movimientos especulativos de la gran distribución, generando grandes desigualdades en la cadena de valor y pérdidas de 1.500 millones de euros. También se añaden más barreras comerciales por los aranceles estadounidenses, y la indignante e infructuosa gestión que la Comisión Europea está haciendo con las licitaciones para autorizar el almacenamiento privado de aceite de oliva.
Otro sector muy castigado ha sido el de la ganadería que, al problema de los bajos precios que perciben por su producción, se ha sumado la sequía: al no haber pastos para su ganado en los campos y dehesas, los ganaderos se han visto obligados a aumentar sus costes de producción en forrajes y piensos (que, al haber tenido poca producción por la ausencia de lluvias, han sido inusualmente caros y de peor calidad).
Hay que señalar que 2019 comenzó para Andalucía con nuevo Gobierno en la Junta. En particular, desde UPA Andalucía valoran la buena disposición de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para resolver las muchas de las problemáticas con las que lidia el campo andaluz. No obstante, tras un año de legislatura, necesitamos que muchos de los compromisos que ha adquirido con agricultores y ganaderos se doten del presupuesto necesario y se pongan en marcha: ayudas a la incorporación de jóvenes, impulso al Registro de la Titularidad Compartida, ayudas para terrenos forestales, ayudas para explotaciones ganaderas afectadas por la sequía, etc. También es necesario retomar la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía y promover un convenio general del campo para nuestra comunidad autónoma.
La renta agraria, según el Ministerio de Agricultura, tras el crecimiento de los últimos años, registra datos negativos, bajando un 8,6% con respecto a 2018. El valor de la producción de la rama de actividad agraria se reduce un 3%, debido a la caída de los precios en origen y a la subida de los costes de producción. Desde UPA Andalucía, consideran que la realidad del sector agrario es mucho peor de lo que reflejan estas cifras. El contexto real es que sigue dándose una falta de equilibrio entre los cuatro factores que componen la renta agraria: volumen de las producciones, precios de venta, costes de producción y ayudas.
En lo que a la PAC se refiere, el ejercicio se ha cerrado con una buena labor en la gestión de las Ayudas Directas por parte de la Consejería; sin embargo, no ha sido así en cuanto a las ayudas al Desarrollo Rural, que ha sido deficiente. Desde UPA Andalucía seguirán defendiendo una reforma de la PAC con un presupuesto fuerte, y que defienda a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que mantienen y vertebran el medio rural. Es esencial que se haga un reparto más justo y más social de estas ayudas, confiriendo mayor protagonismo y facilidades a la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, y a la titularidad y reconocimiento de derechos de las mujeres que trabajan en las explotaciones. También debemos luchar por la introducción de techos en las ayudas y de pagos decrecientes y redistributivos para contribuir a esa justicia.
En materia de seguros agrarios, el complicado año meteorológico que hemos padecido ha elevado la siniestralidad, lo que está haciendo a Agroseguro ajustar las primas para adecuarlas a las nuevas condiciones del cambio climático. Esto va a suponer un incremento del coste de las pólizas, en una herramienta que es esencial para agricultores y ganaderos. Por ello, desde UPA, hacen un llamamiento a las administraciones públicas para que, en el caso del MAPA, retome su papel de mediador a través de ENESA para que modere las subidas. En el caso de la Junta de Andalucía y la propia ENESA, deben llevar a cabo una política más ambiciosa de subvenciones para compensar la mayor siniestralidad y hacer más asequible la contratación de los seguros agrarios.
A pesar de un balance tan negativo para la agricultura y ganadería andaluzas, desde la organización agraria confían en que, al tener por fin Gobierno central, se abra un nuevo escenario de estabilidad económica, institucional y social, donde se empiecen a adoptar medidas para defender la actividad agraria y nuestro medio rural, y acabar con las desigualdades en la cadena alimentaria.
