Estos últimos días ha saltado a la prensa la carta que la cadena alemana de supermercados Aldi ha enviado a los productores agrícolas del Campo de Cartagena, pidiéndoles cuentas sobre los efectos que su manera de producir está teniendo en la contaminación del Mar Menor, y advirtiéndoles de que las violaciones medioambientales que se están produciendo en la zona pueden ser incompatibles con la política corporativa de la compañía, y podrían tener consecuencias.
Las reacciones a esa misiva han sido variadas. Los productores y las instituciones murcianas han optado por la técnica del avestruz, enterrando la cabeza para no recordar los peces muertos que hace poco flotaban en las aguas del Mar Menor, y asegurando que en esa región todos cumplen escrupulosamente con la legalidad establecida. Desde otros ámbitos, la reacción ha sido muy favorable al comportamiento de Aldi, convirtiendo a la compañía en adalid de responsabilidad ambiental y considerando su acción como un ejemplo que otras empresas deberían seguir. Pero ¿debemos quedarnos sólo en estas primeras capas del problema?
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Si ampliamos el foco de análisis, lo que estas cifras sugieren es que la agricultura murciana se ha ido adaptando a uno de los modelos en boga de producción alimentaria global. Los agricultores de la región, organizados en empresas de tamaño mediano y pequeño, adquieren las semillas, los fertilizantes y los plaguicidas en un mercado controlado por unas pocas multinacionales, y venden las frutas, las verduras y las hortalizas a las compañías de distribución, que normalmente son bastante mayores y que en consecuencia les pueden marcar los precios que a ellas les convienen. Atenazados entre quienes les venden los insumos y quienes les compran el producto, los agricultores se ven obligados a forzar la máquina para mantenerse en medio de ese mercado global que no controlan.
En ese contexto, la presión que ese tipo de agrobusiness genera tanto en Murcia como en otros territorios, va indisolublemente asociada a dos fallas muy considerables. La primera de ellas es de carácter social, y se deriva de que producir a los precios baratos que exige el mercado requiere pagar salarios muy bajos para trabajos físicamente muy duros, que sólo la mano de obra inmigrante, a veces sin papeles siquiera, está dispuesta a realizar. Los problemas de integración y de convivencia social que la concentración de este tipo de trabajadores puede generar en lugares que no están preparados para ello son evidentes, y las opciones políticas de carácter xenófobo y autoritario saben aprovecharse de ello. Que Vox sea primera fuerza política en Murcia no es algo ajeno a este problema.
La segunda falla tiene que ver con la sobrexplotación del medio. Paradójicamente, Murcia, que es una región ambientalmente seca, se ha especializado en una actividad intensiva en agua, y como es obvio, eso impone, guste o no, límites al crecimiento de la producción de regadío. Pero los incentivos de mercado para producir y exportar han pasado por alto este pequeño detalle y han guiado un crecimiento exponencial que, además, ha hecho la vista gorda a los usos respetuosos del suelo. En concreto, la expansión del regadío ha ido asociado a un uso de fertilizantes que cabe caracterizar de desmedido.
Una tesis leída en 2017 en la Universidad Politécnica de Cartagena y basada en ensayos realizados sobre el terreno advertía de la enorme sobre fertilización a la que estaba sometida la agricultura de la región, y señalaba que los aportes de nitrógeno se podían reducir hasta en un 50% sin merma de la producción y con el consiguiente ahorro de dinero. Explicar ese uso irracional de químicos no es fácil ¿Presión de las empresas de semillas y fertilizantes para vender más? ¿Falta de información o de formación de los agricultores para usar adecuadamente productos químicos nuevos? ¿Mala regulación? ¿Indicaciones técnicas inadecuadas por parte de los servicios agrarios? Sea como sea, el resultado se ha visto claramente en forma de sopa verde y peces muertos en el Mar Menor.
Aldi, como gran empresa de distribución alimentaria no es ajena ni mucho menos al modelo de agrobussiness. La compañía está teniendo en los últimos años una estrategia de crecimiento en España que los medios económicos tildan de agresiva, y que consiste en la apertura de un número muy considerable de nuevos centros con el reclamo de ser una empresa pionera en el descuento. Eso está obligando a otras empresas a entrar en una guerra de precios a la baja para competir, que con toda seguridad repercutirá en los precios que perciben los agricultores y ganaderos de este país, y que muy probablemente obligará a forzar la máquina del trabajo barato y de la sobre explotación del medio.
Resulta loable que empresas como Aldi se preocupen por los problemas del Mar Menor y que exijan a sus proveedores que sean respetuosos con el medioambiente. Pero puestos a lucir responsabilidad social corporativa, quizás la empresa debería plantearse el conjunto del modelo que está promocionando, cambiar sus estrategias de crecimiento, y hacer todo lo posible porque los agricultores y los trabajadores del campo perciban los precios justos por su trabajo. Con seguridad, eso facilitaría también unas mejores prácticas agrícolas y ambientales.
Fuente: Eldiario.es
