Una cuestión que hacemos no desde el rechazo a los objetivos de sostenibilidad marcados por Europa, sino desde la preocupación real de quienes trabajan cada día en el campo y a lo largo de toda la cadena de valor, por la falta de herramientas suficientes para cumplirlos sin comprometer la viabilidad económica del sector.
Las limitaciones regulatorias de los últimos años, impulsadas por una normativa comunitaria orientada a la protección del suelo, el medioambiente y la salud pública, han generado un contexto sin precedentes para productores, obtentores, empresas auxiliares, organizaciones sectoriales y distribución. Un contexto en el que la innovación y la inversión se presentan como únicas vías posibles para avanzar, pero también como procesos costosos, desiguales y no siempre sincronizados con la urgencia de los problemas que condicionan el día a día en el campo.
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Las más de 20 entrevistas realizadas para este reportaje relatan un diagnóstico común: el sector es consciente de que no hay marcha atrás y de que la adaptación es ineludible, pero también de que el precio que se está pagando es elevado. La pérdida de competitividad de determinados cultivos, el aumento de los costes de producción, la incertidumbre técnica y la falta de una capacidad real de influencia en los procesos de decisión europeos aparecen de forma recurrente en las respuestas recibidas.
Las consecuencias de este proceso, coinciden muchos de los entrevistados, son inmediatas y de gran magnitud, como hemos visto en cultivos como pimiento, tomate o fresa, e incluso apuntan a que tardaremos años en recuperarnos. El margen de maniobra es reducido y el tiempo para adaptarse, limitado.
Con esta cobertura hemos intentado recoger desde múltiples perspectivas estratégicas, una radiografía de la situación actual y de los retos que se avecinan. Un análisis necesario para entender no solo qué estamos perdiendo, sino también qué estamos construyendo y, sobre todo, a qué coste.
Luis Martín (director técnico de Fepex) y Germán Pastor del Olmo (técnico): “Es imprescindible un sistema de autorización única de productos fitosanitarios a nivel europeo”
La agricultura europea vive un periodo de enorme tensión y cambio. La retirada continuada de materias activas, la reducción del número de herramientas disponibles y un marco regulatorio cada vez más exigente están afectando de forma directa a la competitividad del sector hortofrutícola. Esta situación no cuestiona la importancia de la sostenibilidad, pero sí evidencia que el modelo actual no está respondiendo al ritmo que exige el campo europeo.
Desde la aprobación del Reglamento 1107/2009, la Unión Europea adoptó un enfoque basado en el principio de precaución, que desplazó progresivamente el enfoque basado en la evaluación del riesgo. Este cambio, unido a procesos de evaluación extremadamente largos y complejos, ha derivado en una pérdida constante de materias activas y en enormes dificultades para renovar las que siguen siendo esenciales. Mientras tanto, en el campo las plagas evolucionan, el clima cambia con rapidez y las exigencias de los consumidores se intensifican. Todo ello requiere respuestas ágiles y operativas, difícilmente compatibles con procedimientos que, en ocasiones, se prolongan durante años o incluso décadas. Cuando la solución regulatoria llega, muchas veces lo hace tarde.
Para corregir este desajuste, consideramos imprescindible avanzar hacia un sistema de autorización de productos fitosanitarios a nivel europeo, de forma equivalente a como ya se aprueban las sustancias activas. Una autorización única permitiría mayor coherencia, eliminaría duplicidades y aceleraría la disponibilidad de herramientas seguras. Este modelo debe ir acompañado de un refuerzo sustancial de recursos técnicos tanto en EFSA como en los Estados miembros, así como de un flujo más ágil y transparente de información entre autoridades. La clave no es reducir garantías, sino hacer operativo un sistema que hoy está sobrecargado y colapsado.
Asimismo, sería necesario otorgar a las sustancias y productos periodos de autorización mucho más amplios, incluso ilimitados (propuesta incluida por la Comisión en el paquete ómnibus de seguridad alimentaria, aunque parcialmente al no incluir a todas las sustancias ni todos los productos), mientras no exista evidencia científica que demuestre riesgos nuevos. Cuando esa evidencia aparezca, debe abrirse el expediente y reevaluarse la sustancia. Lo que no es eficiente es mantener un sistema de renovaciones automáticas cada pocos años que consume enormes recursos públicos y privados y ralentiza toda la maquinaria regulatoria.
A esta complejidad se suma otro problema estructural: los legisladores europeos no siempre están en contacto directo con la realidad agronómica del campo europeo. En un país como España conviven decenas de modelos productivos, zonas climáticas, cultivos y situaciones fitosanitarias muy distintas. Un mayor acercamiento —también presencial— a esta realidad contribuiría a que las decisiones políticas tengan un reflejo más fiel de las necesidades del terreno y del impacto que generan.
Junto a ello, es imprescindible dotar al sistema europeo de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, especialmente en materia de fitosanitarios. Solo así las empresas podrán invertir en innovación y registro de nuevas moléculas, y los agricultores dispondrán de una “caja de herramientas” suficientemente amplia para enfrentarse a plagas cada vez más globales, agresivas y difíciles de gestionar.
Por último, si la Unión Europea anuncia que reforzará sus controles en frontera, estos deben ser reales y garantistas. Todo producto que llegue al mercado europeo debe cumplir las mismas condiciones sanitarias y fitosanitarias que se exigen a nuestros productores. Es una cuestión de equidad, pero también de seguridad para los consumidores.
Avanzar hacia una agricultura más sostenible es ineludible, pero solo será posible si se construye sobre un marco regulatorio eficaz, estable y conectado con la realidad del campo europeo.
