Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura reflejan esta evolución. El índice general de precios pagados por los bienes y servicios empleados en la actividad agraria alcanza los 129,54 puntos, con 2020 como base 100. En términos generales, esto supone que los costes de los inputs agrarios son casi un 30% superiores a los registrados entonces.
Costes de producción agraria al alza
Detrás de esta subida media se encuentran incrementos mucho más acusados en algunos de los gastos esenciales para las explotaciones. Los carburantes acumulan un encarecimiento superior al 90% desde 2020, mientras que los fertilizantes son un 82% más caros y la energía ha aumentado un 48%.
También han subido los costes de conservación y reparación de maquinaria, con un incremento del 39%, así como los productos fitosanitarios, que son un 29% más caros. Los gastos generales de las explotaciones han aumentado, por su parte, un 28%.
Especial preocupación generan los fertilizantes nitrogenados, cuyo precio ya supera en algunos casos el doble del registrado en 2020. La urea del 46% ha pasado en un solo año de 52,69 a 72,84 euros por cada 100 kilos, un 38% más. El sulfato amónico del 21% se ha encarecido cerca de un 30%, mientras que el abono 15-15-15 ha aumentado casi un 19%.
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Estos incrementos afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones y adquieren todavía mayor importancia durante el periodo estival. El aumento de los costes coincide con una etapa en la que las necesidades productivas no permiten reducir fácilmente determinados consumos.
El verano aumenta la presión sobre las explotaciones
La situación es especialmente compleja en los cultivos de regadío. A unas mayores necesidades de agua se suman los gastos energéticos asociados al bombeo, además del coste de la fertilización, los tratamientos fitosanitarios y el uso de maquinaria.
En los cultivos de secano, el combustible, la maquinaria, los tratamientos y los fertilizantes continúan representando una parte importante de los costes. Son gastos necesarios para mantener la actividad y que, ante la actual evolución de los precios, reducen el margen económico de los productores.
Las explotaciones ganaderas afrontan una realidad similar. Los animales necesitan alimentación, agua y atención diaria con independencia de la situación del mercado. Por ello, los costes de alimentación, carburantes, electricidad, servicios veterinarios y mantenimiento siguen ejerciendo una fuerte presión sobre las cuentas de las explotaciones.
Esta realidad se agrava porque el aumento de los costes de producción no se traslada de manera proporcional a los precios que reciben agricultores y ganaderos. LA UNIÓ considera que esta situación pone de manifiesto los desequilibrios existentes dentro de la cadena alimentaria.
Precios en origen y desequilibrios de la cadena alimentaria
Según los datos manejados por la organización, los precios en origen de numerosos productos no compensan el incremento registrado por los principales costes agrarios. Al mismo tiempo, existen importantes diferencias entre los precios percibidos por los productores y los que alcanzan determinados alimentos en destino.
En productos del campo valenciano, el diferencial alcanza el 321% en el calabacín, el 385% en la lechuga y el 218% en el pepino. También se sitúa en el 263% para el pimiento rojo, el 225% para el pimiento verde, el 245% para el tomate de ensalada, el 424% para el limón, el 147% para el melón y el 208% para la sandía.
En el ámbito ganadero, el diferencial llega al 229% en la ternera de primera, al 348% en el cordero, al 187% en el pollo, al 423% en el cerdo y al 238% en el conejo. Para LA UNIÓ, estos datos evidencian la necesidad de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y garantizar que los productores puedan cubrir sus costes y recibir una remuneración justa.
La organización reclama, por ello, una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que el eslabón más débil soporte de manera desproporcionada los aumentos de los costes. El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, resume la situación señalando que «cuando llega el verano no podemos apagar el campo», ya que cultivos y animales requieren atención constante.
Gasóleo profesional agrario y medidas estructurales
Ante el incremento de los costes, LA UNIÓ reclama la creación definitiva de un gasóleo profesional agrario destinado específicamente a agricultores y ganaderos. La propuesta contempla una fiscalidad reducida y adaptada, tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de los márgenes que permite la normativa europea.
La organización defiende sustituir las medidas coyunturales y las devoluciones posteriores por un sistema estructural que reduzca directamente el coste del combustible utilizado para producir alimentos. Peris considera que no resulta coherente que un carburante imprescindible para la producción agraria soporte una fiscalidad diseñada fundamentalmente para el consumo ordinario.
Junto al combustible, LA UNIÓ pide actuaciones estructurales para contener la factura energética de las explotaciones y del regadío. Entre sus propuestas figuran el impulso del autoconsumo y las energías renovables, el almacenamiento energético, la modernización de los sistemas de riego y las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética.
La organización también reclama medidas frente al fuerte encarecimiento de los fertilizantes, especialmente los nitrogenados. A ello suma la necesidad de desarrollar una estrategia que reduzca la dependencia exterior de materias primas esenciales para mantener la producción agraria.
Reducir los costes para garantizar el futuro agrario
Para LA UNIÓ, la situación exige políticas que vayan más allá de actuar sobre los precios finales de los alimentos. La viabilidad de las explotaciones depende también de que agricultores y ganaderos puedan afrontar unos costes de producción sostenibles y disponer de márgenes suficientes para continuar con su actividad.
«Si queremos garantizar la producción de alimentos y mantener explotaciones viables, las políticas públicas no pueden limitarse a actuar sobre los precios finales; también tienen que ayudar a reducir los costes estructurales de producir», concluye Carles Peris.
La organización considera que estas medidas son fundamentales para evitar que la escalada de los costes termine comprometiendo la continuidad de las explotaciones valencianas y, con ella, la capacidad de mantener una producción de alimentos estable.
