Pro Food, Unionplast y sus empresas asociadas han firmado y respaldan la campaña “Stop the Clock”, una iniciativa dirigida a Bruselas que solicita el aplazamiento de al menos 24 meses de la fecha general de aplicación del Reglamento de la UE sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés), actualmente prevista para el 12 de agosto de 2026.
A pocas semanas de la entrada en aplicación del Reglamento, todavía faltan decretos de ejecución, criterios técnicos, metodologías armonizadas y directrices operativas necesarias para aplicar el PPWR de manera coherente y uniforme en toda la Unión Europea. En estas condiciones, se está pidiendo a las empresas que asuman nuevas obligaciones, preparen documentación de cumplimiento y planifiquen inversiones sin conocer plenamente las normas que deberán cumplir. El conflicto reside entre la obligación de cumplimiento —que entrará en vigor en cuestión de semanas— y el retraso en la adopción de las herramientas técnicas necesarias para demostrarlo, generando un clima de incertidumbre normativa y operativa para las empresas.
La petición de un “Stop the Clock” no cuestiona los objetivos medioambientales del Reglamento. Pro Food comparte la necesidad de fomentar el reciclaje, aumentar el uso de materias primas secundarias y reducir los impactos a lo largo del ciclo de vida de los envases. Precisamente se solicita el aplazamiento para evitar que un conjunto de normas cuyos principios fundamentales cuentan con un amplio respaldo genere, una vez aplicado, incertidumbre regulatoria, costes innecesarios y resultados contrarios a los objetivos de la transición ecológica.
Entre las cuestiones que todavía deben resolverse se encuentran las metodologías de ensayo, los criterios para evaluar la reciclabilidad de los envases y la distribución de responsabilidades entre los distintos operadores de la cadena de suministro. Por tanto, se está pidiendo a las empresas que certifiquen la conformidad de sus productos mientras partes importantes del marco de aplicación solo se definirán posteriormente mediante actos delegados, normas técnicas y aclaraciones interpretativas.
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“Las empresas no están pidiendo que se detenga la transición, sino poder llevarla a cabo sobre la base de normas completas y verificables”, afirma Mauro Salini, presidente de Pro Food. “No es razonable pedir a las compañías que declaren la conformidad, modifiquen sus procesos y planifiquen inversiones mientras todavía no se han definido elementos esenciales del marco de aplicación. Stop the Clock es una petición de responsabilidad y seguridad jurídica, no un paso atrás en materia de sostenibilidad”.
Para Pro Food, el aplazamiento también es necesario para analizar con mayor profundidad los efectos de las restricciones establecidas en el artículo 25 y el anexo V del PPWR, que a partir del 1 de enero de 2030 afectarán, entre otros aspectos, a los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas sin procesar envasadas previamente en cantidades inferiores a 1,5 kilogramos, así como a determinados formatos utilizados en el sector HORECA.
Estas restricciones no fueron precedidas por una evaluación de impacto específica y comparativa capaz de valorar el rendimiento de las alternativas a lo largo de todo su ciclo de vida. Según Pro Food, sustituir simplemente un material por otro no garantiza automáticamente una mejora ambiental: también deben tenerse en cuenta la reciclabilidad, el contenido reciclado, el transporte, la protección del producto, la vida útil y la prevención del desperdicio alimentario.
Este enfoque es especialmente importante para el sector de los productos frescos, donde los envases desempeñan un papel esencial durante la manipulación poscosecha, el transporte, la distribución y el almacenamiento. Además, muchos de los formatos actualmente utilizados que podrían prohibirse en virtud del PPWR ya contienen porcentajes de material reciclado posconsumo que superan los objetivos fijados por el propio Reglamento para 2040. Prohibirlos únicamente por el tipo de material podría penalizar soluciones que ya están alineadas con los principios de la economía circular, sin demostrar que las alternativas ofrecen mejores prestaciones.
La necesidad de evaluar previamente los efectos de las restricciones también se pone de manifiesto con la experiencia de la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso (SUP), que desde 2019 prohíbe determinadas categorías de productos plásticos de un solo uso, como platos, cubiertos y pajitas. El valor de las importaciones de productos sustitutivos procedentes de China, Turquía e India —incluidos vasos y platos de papel o pulpa de celulosa y cubiertos de madera— aumentó de aproximadamente 290 millones de euros en 2018 a unos 730 millones de euros en 2025, alcanzando un total acumulado cercano a los 5.000 millones de euros durante ese periodo.
Estos datos no constituyen una evaluación completa de los efectos de la Directiva, pero sí apuntan a un riesgo concreto: sustituir productos de un solo uso fabricados en Europa por otros importados de terceros países, elaborados con materiales alternativos y bajo condiciones económicas imposibles de alcanzar en Europa, no garantiza una reducción real del consumo ni un beneficio ambiental demostrado. Al mismo tiempo, puede penalizar la producción europea sin alcanzar los objetivos perseguidos por la legislación.
“Antes de prohibir una solución, es necesario analizar cuidadosamente qué la sustituirá y en qué condiciones”, continúa Salini. “De lo contrario, corremos el riesgo de trasladar la producción, los puestos de trabajo y una parte importante del impacto ambiental fuera de la Unión Europea, sin alcanzar los objetivos establecidos”.
Por ello, Pro Food solicita que el aplazamiento se utilice para completar los actos delegados, las metodologías de ensayo y las normas técnicas que todavía faltan; aclarar las obligaciones de los distintos operadores; y garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes en todos los Estados miembros. También considera esencial realizar evaluaciones comparativas de impacto basadas en el rendimiento antes de imponer prohibiciones sobre formatos específicos, asegurando que se apliquen condiciones y controles equivalentes a los productos importados.
El objetivo no es contar con menos normas, sino con normas claras, coherentes y capaces de ofrecer resultados medioambientales medibles, sin fragmentar el mercado único ni perjudicar la competitividad de la industria europea.
