La sombra de las elecciones de la UE de junio de 2024 ya planea sobre la formulación de políticas de la UE: cualquier directiva o reglamento que no se adopte antes se enfrenta a un futuro incierto bajo un nuevo Parlamento y una nueva Comisión.
Por lo tanto, la presión del tiempo existe –y ya se siente– en la política agrícola y alimentaria de la UE, donde retrasar o impulsar leyes se ha convertido en un instrumento político.
Mientras tanto, a medida que los grupos de partidos de la UE entran en modo de campaña, las cuestiones alimentarias y agrícolas se están politizando cada vez más.
¿Qué significa todo esto para la actual presidencia española del Consejo de la UE y qué podemos esperar tras las vacaciones de verano? EURACTIV echa un vistazo al ajetreado semestre que se avecina.
Pacto Verde europeo
Entre las propuestas que ya están sobre la mesa –pero que aún están en trámite legislativo– se encuentran varios expedientes clave del Pacto Verde, la política emblemática de la UE para la sostenibilidad ambiental.
La famosa Ley de Restauración de la Naturaleza (NRL), que recientemente se situó en el centro de la controversia en el proceso legislativo de la UE, incluye varias disposiciones relevantes para la restauración de los sistemas agrícolas, incluidas medidas de compensación para los propietarios de tierras y si se debe utilizar el presupuesto de los subsidios de la Política Agraria Común (PAC) para los esfuerzos de restauración.
Después de que el Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, liderara una campaña contra la ley, su destino estaba en juego, pero el pleno del Parlamento Europeo respaldó la ley en una votación a mediados de julio.
Posteriormente, el 19 de julio el Parlamento inició conversaciones interinstitucionales con los ministros de la UE. Aunque pueden prolongarse, en este caso se podría llegar pronto a un acuerdo, ya que el Parlamento ya se acercó a la posición del Consejo de la UE en la votación plenaria.
Mientras tanto, se acaba el tiempo para otra propuesta clave del bloque del Pacto Verde, la regulación del uso sostenible de pesticidas (SUR), en la que la Comisión propuso reducir la utilización y el riesgo de pesticidas a la mitad para 2030.
La polémica ley, que ya se propuso meses más tarde de lo previsto en un principio, ha estado sujeta a nuevos retrasos, detrás de los cuales los activistas y los legisladores verdes sospechan que se trata de una maniobra táctica para retrasar un acuerdo hasta que sea demasiado tarde.
Dado que las votaciones de las comisiones parlamentarias se retrasaron varios meses y el Consejo recibió recientemente un estudio de impacto adicional que solicitó a la Comisión, hay razones para pensar que la ley podría no ser ratificada a tiempo antes de las elecciones.
También está pendiente la Directiva sobre emisiones industriales, con la que la Comisión pretende frenar las emisiones nocivas de las instalaciones industriales, incluidas las grandes explotaciones ganaderas.
Después de que los eurodiputados aprobaran recientemente la votación sobre su mandato, han comenzado las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo. Sin embargo, a la Comisión le preocupa que su propuesta pueda ser “significativamente” diluida por ambas instituciones, particularmente en lo que respecta al umbral de emisiones agrícolas, así como en la inclusión de las emisiones del ganado.
También se espera que el Ejecutivo de la UE presente su propuesta de ley sobre sistemas alimentarios sostenibles en este trimestre de 2023. Originalmente anunciada como la legislación general de la estrategia De la granja a la mesa (el componente agroalimentario del Pacto Verde), los activistas ecologistas temen que la propuesta termine centrándose más en la seguridad alimentaria.
La tarea de salvar la ambición original del Pacto Verde podría ser más difícil desde la probable salida de Bruselas de su más acérrimo defensor, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, después de lanzarse a la carrera electoral holandesa.
Edición genética y ‘uso sostenible de recursos’
A principios de julio, la Comisión propuso flexibilizar las normas de la UE sobre nuevas técnicas genómicas (NGT), un término utilizado para los métodos científicos destinados a alterar rasgos específicos de los cultivos. Sin embargo, es poco probable que esta polémica iniciativa concluya antes de las elecciones.
Aunque el tema es una prioridad para la presidencia española, ha habido cierta oposición por parte de los Verdes europeos, de varios países, así como del sector ecológico de la UE, y muchos de los involucrados no parecen esperar un acuerdo antes de que finalice la presidencia española.
La propuesta formaba parte de un paquete más amplio presentado por la Comisión, junto con, entre otras cosas, una ley de seguimiento del suelo y una revisión del marco de comercialización de semillas, que ahora afrontan un cronograma igualmente ajustado.
Sin embargo, podría ser más fácil llegar a un acuerdo sobre la iniciativa de vigilancia del suelo, ya que el borrador presentado por el Ejecutivo de la UE ya es mucho menos ambicioso en comparación con lo que la “ley de salud del suelo” había previsto originalmente.
Como parte de una revisión de la Directiva marco sobre residuos de la UE, la Comisión también presentó una propuesta que incluye objetivos nacionales legalmente vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos para 2030 en los hogares, restaurantes y tiendas, así como en el sector de fabricación y procesado de alimentos.
A pesar de que la propuesta es la primera de este tipo, los grupos activistas advirtieron que las ambiciones del Ejecutivo de la UE aún carecen de fuerza, ya que no alcanzan los objetivos de reducción establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Fuente: EFEAgro
