Sentencia histórica por la venta de variedades ilegales de arándanos a productores de Huelva

Los tribunales estadounidenses han condenado al pago de un millón de dólares a un vivero de Michigan, Hartmann’s Plant Company, por la multiplicación y venta sin autorización de variedades de arándano a productores onubenses. La información aportada desde España ha resultado fundamental para que la sentencia diera la razón a Florida Foundation Seed Producer (FFSP), empresa titular de los derechos de las variedades vegetales que obtiene con su investigación la Universidad de la Florida. La sentencia incluye la prohibición permanente a este vivero para producir y vender variedades de arándano obtenidas por esta universidad y licenciadas por FFSP.

El boom de los arándanos en el sur de España

Todas las variedades de arándanos cultivadas en Huelva derivan directa o indirectamente de la investigación iniciada hace más de 60 años en la Universidad de la Florida. A través de cruzamientos genéticos, sus investigadores lograron adaptar el arándano Highbush, una especie propia de climas fríos, a zonas de inviernos suaves, dando lugar a una nueva categoría, la Southern Highbush. Su desarrollo comercial ha supuesto un rotundo éxito en todo el mundo, incluyendo el sureste andaluz.

La provincia de Huelva concentra el 97% de la producción nacional de frutos rojos y casi el 30% de la europea. La extensión dedicada al cultivo de arándanos ha crecido en las últimas cinco campañas más de un 150%, un incremento sin precedentes que convierte al arándano en una gran esperanza de los agricultores para los próximos años. Las cifras de facturación superan ya los 160 millones de euros.

Pero la alta demanda de planta de arándano en los últimos años ha estimulado también la ambición de algunos agricultores onubenses que están produciendo y comercializando ilegalmente material vegetal irregularmente, al carecer de la correspondiente autorización administrativa  y sin autorización del obtentor.

La Universidad de la Florida, sorprendida, preocupada y contundenteCon el fin de analizar sobre el terreno las prácticas de piratería, John Beuttenmuller, director de la Fundación Florida ha visitado recientemente la empresa andaluza Rústicas del Guadalquivir, licenciataria exclusiva para arándanos en la UE y Norte de África. La empresa dispone de un catálogo de 26 variedades, entre ellas las denominadas Snowchaser, Emerald y Jewel.

Beuttenmuller ha señalado que “la investigación de la Universidad de la Florida ha permitido el desarrollo del cultivo del arándano en zonas templadas como las del sur de España, y esto ha proporcionado ya importantes ingresos para el sector, que sigue con excelentes perspectivas de futuro. Pero la sostenibilidad de nuestros programas de mejora varietal y el futuro de nuestra investigación –ha añadido– depende de los royalties generados a nivel global. Por eso no aceptaremos que se pisoteen nuestros derechos y no dudaremos en denegar licencias a los infractores, tanto de fresa como de arándano”.

Por su parte, el Presidente de Rústicas del Guadalquivir, José Gandía, señaló que los equipos de la Universidad de la Florida “están muy sorprendidos de que algunos agricultores lleven a cabo este tipo de prácticas corruptas que, desde luego, son preocupantes no solo porque quebranten la ley de propiedad industrial sino también porque distorsionan el mercado, perjudican a los agricultores honrados y dañan seriamente la imagen del sector de los berries de Huelva”.

Cuando unos pocos ponen al sector en peligro

Efectivamente, las consecuencias negativas para el sector son muchas y cada vez más preocupantes. Desde Geslive (Gestión de Licencias Vegetales) se señala que “la competencia desleal creada por la reproducción ilegal deja a los agricultores y viveristas legales sin el valor añadido y la diferenciación de su producto. Este comercio ilícito opera dentro de la economía sumergida, imposibilita la trazabilidad del material vegetal y facilita la propagación de virus y otras enfermedades. La compraventa de plantas genera tensiones entre agricultores, cooperativas y empresas del sector y difunde una imagen negativa del sector en el extranjero favoreciendo los intereses comerciales de países competidores”.

Un riesgo añadido, de graves consecuencias a largo plazo, es que los obtentores, dada la facilidad de multiplicación, decidan limitar el acceso o no introducir las variedades de última generación en España, con la consiguiente pérdida de competitividad para el sector.

Por otro lado, en los últimos años se han venido dictando en España sentencias que condenan a multas, penas de cárcel, arranque de plantaciones o destrucción de plantas a quienes infringen los derechos de propiedad intelectual. Actualmente están en marcha varios procesos judiciales contra productores no autorizados en distintos municipios de la provincia de Huelva y no se descartan nuevas denuncias al SEPRONA. La Universidad de la Florida y Rústicas del Guadalquivir disponen de una relación de personas y entidades que en la actualidad están siendo objeto de diligencias judiciales por posibles delitos contra su propiedad industrial y que puede ser consultada por distribuidores y comercializadores.